Por Redacción Info del Plata
El proceso judicial contra el exgobernador de Entre Ríos y exembajador argentino en Israel, Sergio Daniel Urribarri, llegó a su punto final. A través de una resolución firmada de manera unánime por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó los recursos de queja presentados por la defensa y dejó con fuerza de cosa juzgada la condena a ocho años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación absoluta perpetua para ocupar cargos públicos.
La determinación del Máximo Tribunal agota todas las instancias recursivas y derivó en la intervención de la Justicia entrerriana, que libró de forma inmediata la orden de detención para que el exmandatario sea reincorporado a un penal provincial para cumplir la pena.
Las irregularidades en la pauta oficial
El expediente penal acreditó una multiplicidad de maniobras delictivas cometidas entre 2010 y 2015 en el manejo de fondos del erario público entrerriano:
- Direccionamiento de publicidad: Contrataciones directas y sobreprecios en cartelería en vía pública y medios de comunicación asignados a empresas vinculadas a su entorno familiar y político (caso de imprentas y la firma Global Means).
- Financiamiento de campaña: El desvío de partidas presupuestarias provinciales para la instalación de un parador playero en Mar del Plata en 2015 y la difusión de spots durante la cumbre del Mercosur con fines de posicionamiento electoral personal.
- Coautores condenados: El fallo también dejó firmes las condenas contra su exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez (seis años y seis meses de prisión), y su cuñado Juan Pablo Aguilera, considerados articuladores esenciales de la trama administrativa fraudulenta.
La ética peronista frente a la administración pública
El justicialismo doctrinario no recurre al corporativismo cómplice. La doctrina fijada por Juan Domingo Perón exige que el funcionario que administra el patrimonio colectivo del pueblo lo haga con probidad intachable, transparencia y austeridad republicana. Los fondos del Estado no pertenecen a los dirigentes ni a las facciones: son el salario indirecto de la clase trabajadora transformado en rutas, escuelas, insumos hospitalarios y salarios de convenio. La desvirtuación de esos recursos mancilla las banderas históricas de la Justicia Social y la Independencia Económica.
La doble vara y la miopía del Partido Judicial
No obstante, el fallo de la Corte Suprema expone una asimetría que ningún análisis honesto puede soslayar: la celeridad y severidad del Máximo Tribunal para perseguir al peronismo contrasta de forma bochornosa con su parálisis frente a los crímenes de guante blanco de la oligarquía y el gobierno de Javier Milei.
Mientras los tribunales federales se movilizan con premura para ejecutar sentencias provinciales sobre pauta publicitaria, mantienen bajo un manto de impunidad la fuga de capitales de la deuda macrista, cajonean las denuncias contra los negociados de Luis Caputo en Wall Street, convalidan los tarifazos confiscatorios que asfixian a la población y miran para otro lado ante las transferencias de $2 billones de los fondos jubilatorios de la ANSES a la banca privada. La verdadera igualdad ante la ley sigue siendo una deuda pendiente en un sistema judicial que juzga con código penal a los adversarios políticos y con indulgencia cortesana a los saqueadores de la Patria.
