Por Redacción Info del Plata
La causa que expuso con mayor crudeza la inserción de cárteles transnacionales en la República Argentina sumó un capítulo de altísimo voltaje institucional. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 de la Capital Federal ordenó la inmediata captura nacional e internacional con notificación de circular roja ante Interpol del abogado Guillermo Heisinger (67 años), quien fuera subsecretario de Coordinación Administrativa del Ministerio del Interior y funcionario de Educación durante la década menemista.
La orden de detención se libró luego de que Heisinger no se presentara a la audiencia formal fijada en los tribunales de Comodoro Py, donde debía convalidarse su pena en el marco del resonante expediente caratulado como “Narcoarroz”. Pese a que su defensa intentó postergar el acto procesal alegando afecciones de salud, el cuerpo médico forense desestimó las justificaciones por falta de acreditación clínica fehaciente, constatándose formalmente su condición de prófugo de la Justicia.
El fallo de Casación y el fin de la impunidad
La situación de Heisinger dio un vuelco definitivo luego de que la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal —con los votos de los jueces Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci— revirtiera la polémica absolución que el TOF 5 le había concedido en julio de 2020. El tribunal superior consideró acreditado que el exfuncionario desempeñó un rol jerárquico y logístico esencial dentro de la asociación ilícita.
Dicha postura fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dejando expedito el camino para la imposición de una severa condena de prisión efectiva por delitos de contrabando agravado de estupefacientes.
De acuerdo con la instrucción original instruida por el entonces juez federal Sergio Torres y la Fiscalía Federal a cargo del recordado Federico Delgado con la PROCUNAR, la banda criminal desbaratada estaba integrada mayoritariamente por ciudadanos colombianos vinculados a estructuras de lavado de activos y narcotráfico.
La maniobra central quedó al descubierto el 17 de septiembre de 2015 en el puerto de Rosario: mediante un sofisticado proceso químico, se impregnaron cerca de 40 kilos de clorhidrato de cocaína en granos de arroz embolsados, cuyo destino final declarado eran Guinea-Bisáu y Marruecos, como escala previa para abastecer el mercado europeo.
Conexiones de cuello blanco y controles desmantelados
Heisinger no era un engranaje menor: aportaba cobertura jurídica, facilitaba el armado de sociedades comerciales pantalla y gestionaba trámites institucionales al servicio de los cabecillas de la red, como Williams Triana Peña (condenado a 7 años de prisión).
El caso pone en crisis el actual discurso oficial en materia de seguridad. Mientras el Ministerio conducido por Patricia Bullrich monta operativos de saturación contra jóvenes en los barrios periféricos y el Gobierno libertario elimina los controles aduaneros bajo el pretexto de “agilizar el comercio exterior”, las rutas de exportación narco a través de los puertos de la Hidrovía siguen operando con la complicidad de profesionales de cuello blanco que se mueven con impunidad.
La Policía Federal y las fuerzas de seguridad aeroportuarias activaron el cierre de fronteras para dar con el paradero de Heisinger, en una causa que demuestra que la narcocriminalidad no florece en los pasillos de las villas, sino en los despachos donde el poder económico y político se arrodilla ante el dinero negro.
