Los movimientos sociales bloquearán rutas, puentes y accesos este miércoles 22 de julio contra la eliminación del programa Volver al Trabajo. Mientras el Gobierno promete aplicar el protocolo antipiquetes, crece la advertencia por una crisis social que amenaza con estallar en los barrios.
La baja del programa Volver al Trabajo provocará este miércoles 22 de julio una jornada nacional de marchas, cortes y piquetes. Organizaciones sociales denunciaron que la decisión del Gobierno de Javier Milei dejará a más de 930.000 trabajadores de la economía popular sin un ingreso mensual de 78.000 pesos.
Los puntos de bloqueo y los horarios serán definidos pocas horas antes de comenzar la protesta. La estrategia busca impedir que las fuerzas de seguridad desplieguen operativos preventivos en puentes, rutas y accesos a la Ciudad de Buenos Aires.
Desde el Gobierno nacional anticiparon que aplicarán el protocolo antipiquetes y que intentarán desalojar las concentraciones realizadas sobre sectores de jurisdicción federal. El escenario vuelve a poner frente a frente a un modelo de ajuste que recorta ingresos populares y a miles de familias que aseguran haber llegado al límite.
CASI UN MILLÓN DE FAMILIAS BAJO LA AMENAZA DEL AJUSTE
La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, UTEP, convocó a la protesta en rechazo al cierre del programa Volver al Trabajo. Para la organización, la medida representa un ataque directo contra los sectores más humildes y contra las economías de cada barrio.
Johana Duarte, secretaria gremial de la UTEP, advirtió que la eliminación del beneficio no afectará solamente a quienes recibían la prestación. Ese dinero, explicó, se utilizaba principalmente en comercios de cercanía, como almacenes, verdulerías, kioscos, farmacias y ferias populares.
Cuando casi un millón de personas dejan de cobrar de manera repentina, el golpe se extiende rápidamente sobre toda la comunidad. Menos ingresos en los hogares significan menos ventas, más deudas, mayor demanda de asistencia municipal y una profundización del hambre.
El supuesto ahorro fiscal celebrado en los despachos oficiales podría transformarse en una bomba social dentro de los territorios. Mientras la Casa Rosada presenta números y balances, en los barrios crece una realidad marcada por el trabajo precario, las changas que desaparecen y los alimentos que aumentan.
CORTES SIN HORARIOS NI LUGARES ANUNCIADOS
Las organizaciones no difundirán con anticipación los puntos elegidos para realizar los bloqueos. Según explicaron, la decisión busca evitar cercos policiales y operativos que impidan la llegada de los manifestantes.
Entre los lugares utilizados en protestas anteriores aparecen el Puente Pueyrredón, Puente Saavedra, la avenida General Paz, Panamericana, Ruta 197 y la Autopista Buenos Aires-La Plata. Sin embargo, la ubicación definitiva de cada concentración permanecerá bajo reserva hasta el inicio de la jornada.
La protesta tendrá alcance nacional y podría generar importantes complicaciones en el tránsito. También será la primera etapa de un cronograma de movilizaciones que incluirá una Marcha Federal hacia la Casa Rosada y la posibilidad de nuevas medidas sindicales.
Dirigentes sociales esperan una convocatoria masiva para demostrar que las organizaciones populares conservan capacidad de movilización. Además, buscarán resistir eventuales desalojos y exponer el impacto humano de una política que deja a cientos de miles de personas sin una respuesta inmediata.
EL GOBIERNO RESPONDE CON EL PROTOCOLO ANTIPIQUETES
El Ministerio de Seguridad confirmó que hará cumplir el protocolo antipiquetes. Funcionarios nacionales aseguraron que las concentraciones que interrumpan accesos federales serán desalojadas por las fuerzas de seguridad.
La advertencia vuelve a instalar el temor a escenas de tensión y represión. Durante los últimos años, jubilados, trabajadores despedidos, personas con discapacidad y organizaciones sociales fueron obligados en reiteradas oportunidades a abandonar la calzada durante sus reclamos.
Para los movimientos populares, la reducción de las protestas no significa que haya desaparecido el descontento. Muchos trabajadores dejaron de movilizarse, sostienen, por miedo a la violencia policial o porque ni siquiera cuentan con dinero suficiente para pagar el transporte.
Frente a una sociedad empobrecida, la respuesta oficial parece concentrarse nuevamente en el control de las calles. No aparece con la misma contundencia una solución para quienes perderán el único ingreso estable que recibían cada mes.
VOUCHERS EN LUGAR DE UN INGRESO MENSUAL
La eliminación del programa quedó habilitada después de que la Cámara Federal de San Martín revocara una medida cautelar que obligaba al Ministerio de Capital Humano a sostener el beneficio. Con esa resolución, el Gobierno podrá avanzar con el cierre definitivo del esquema de asistencia durante agosto.
Sandra Pettovello pretende reemplazar el programa por vouchers destinados a capacitaciones laborales. Las organizaciones cuestionan que esos cursos no resuelven la urgencia alimentaria ni garantizan que las personas capacitadas encuentren un empleo formal.
Capacitarse puede resultar importante cuando existen industrias en crecimiento, comercios que contratan y empresas dispuestas a incorporar trabajadores. En una economía golpeada por la caída del consumo y la destrucción del empleo, entregar un voucher sin asegurar una salida laboral puede convertirse en una promesa vacía.
El verdadero problema no es la falta de voluntad de quienes trabajan en la economía popular. Millones de argentinos realizan tareas de cuidado, cartoneo, agricultura familiar, construcción, limpieza, venta ambulante y servicios comunitarios, aunque el mercado formal les cierre sus puertas.
“SIN SALARIO NO HABRÁ PAZ SOCIAL”
Duarte pidió a gobernadores e intendentes que denuncien las consecuencias del recorte. De acuerdo con su análisis, los municipios serán los primeros en recibir el impacto cuando aumente la demanda de alimentos, medicamentos y asistencia para familias que ya no podrán sostener sus gastos básicos.
La dirigente lanzó una advertencia contundente: si no existe un ingreso para los sectores más humildes, tampoco habrá paz social para ningún gobierno. Sus palabras reflejan el clima de desesperación que comienza a extenderse en los barrios populares.
Silvia Saravia, referente de Libres del Sur, también cuestionó la medida y acusó al oficialismo de avanzar contra jubilados, estudiantes, trabajadores y personas con discapacidad. Además, sostuvo que el equilibrio fiscal se construye sobre el derrumbe del consumo de las mayorías.
Detrás de cada prestación eliminada existe una familia concreta. No se trata solamente de una cifra en una planilla, sino de comida, transporte, útiles escolares, medicamentos y deudas que se vuelven imposibles de afrontar.
SAN CAYETANO Y UNA NUEVA MARCHA POR PAN, TIERRA, TECHO Y TRABAJO
El plan de lucha continuará el próximo 7 de agosto con una movilización desde el Santuario de San Cayetano, en Liniers, hasta la Plaza de Mayo. Gremios, sindicatos y organizaciones sociales volverán a marchar bajo la histórica consigna de paz, pan, tierra, techo y trabajo.
Aquella bandera nació como una respuesta popular frente a las políticas de exclusión y conserva plena vigencia. Diez años después de la primera gran movilización de Los Cayetanos, la Argentina vuelve a enfrentar un escenario de empleos precarios, pobreza creciente y familias obligadas a elegir qué necesidad dejar sin cubrir.
La dirigencia sindical analiza acompañar las medidas, aunque todavía no existe un anuncio formal de paro general. En las bases aumenta la presión para construir una respuesta amplia frente a un programa económico que distribuye sacrificios entre los trabajadores mientras protege a los sectores más concentrados.
UN PAÍS AL BORDE DE UNA EMERGENCIA SOCIAL
La protesta de este miércoles será mucho más que una discusión por los cortes de tránsito. En el fondo, expresa la disputa entre una Argentina que reclama producción, trabajo y justicia social, y un Gobierno que convierte el ajuste sobre los más débiles en su principal bandera.
Eliminar el ingreso de 930.000 trabajadores no crea puestos de empleo ni reactiva la economía. Por el contrario, retira miles de millones de pesos del consumo popular y profundiza la caída de los pequeños comercios.
Desde una mirada peronista, ninguna estabilidad puede construirse sobre el hambre del pueblo. El equilibrio de las cuentas públicas pierde toda legitimidad cuando se consigue desequilibrando la mesa de las familias argentinas.
Este miércoles, las rutas, los puentes y los accesos volverán a mostrar una realidad que el relato oficial intenta ocultar. La emergencia social ya no golpea la puerta: está adentro de los hogares, vacía las heladeras y amenaza con convertir el ajuste de Milei en una crisis de consecuencias imprevisibles.
