La presión política obligó al oficialismo a modificar Inocencia Fiscal II. Los funcionarios podrán utilizar la declaración simplificada, pero no tendrán las protecciones centrales previstas para quienes exterioricen patrimonio.
El Gobierno tuvo que modificar uno de los puntos más sensibles de su proyecto de Inocencia Fiscal II. Después de los cuestionamientos opositores, los funcionarios públicos quedaron afuera de los principales beneficios destinados a quienes ingresen patrimonio no declarado al nuevo régimen.
La nueva redacción les permitirá presentar la declaración jurada simplificada y pagar Ganancias bajo esa modalidad, pero no accederán a beneficios como la presunción de exactitud ni determinadas protecciones frente a posteriores ajustes fiscales.
La modificación se produjo después de una fuerte controversia política alrededor de la utilización del régimen vigente por funcionarios. El proyecto obtuvo dictamen en comisión y constituye una de las prioridades económicas que el Gobierno quiere llevar al recinto.
CUANDO LA “INOCENCIA” TOCA AL PODER
El debate no es menor. El equipo económico calcula que existen alrededor de USD 170.000 millones fuera del sistema financiero y pretende generar incentivos para que una porción de ese dinero vuelva a los bancos.
Para un trabajador que tiene cada peso registrado, cobra por banco y paga impuestos antes de recibir su salario, cualquier régimen destinado a facilitar la exteriorización de grandes sumas necesita reglas especialmente claras.
Precisamente allí apareció la controversia.
El nuevo texto elimina además los límites anteriores de ingresos y patrimonio para ingresar al Régimen Simplificado de Ganancias, ampliando considerablemente el universo potencial de contribuyentes alcanzados.
Otro interrogante permanece abierto: especialistas señalaron que quienes ya ingresaron al esquema bajo las reglas anteriores podrían haber adquirido derechos que la nueva ley no necesariamente pueda borrar hacia atrás. También se plantearon preguntas respecto del tratamiento de familiares de funcionarios.
Así, un proyecto presentado inicialmente como una herramienta para devolver dólares al sistema terminó abriendo otra discusión mucho más política: qué beneficios corresponde ofrecer y, sobre todo, quiénes pueden recibirlos.
Cuando se habla de dinero sin declarar, el poder público necesita todavía más transparencia que un ciudadano común.
