Mientras la gestión de Javier Milei se desentiende de la suba de combustibles, miles de trabajadores quedan varados. Un sistema desfinanciado por el ajuste nacional que ya arroja pérdidas millonarias y deja líneas enteras sin servicio.
El caos y la indignación se apoderaron una vez más de las paradas de colectivos. En un nuevo capítulo del ajuste feroz que el Gobierno Nacional aplica sobre los servicios esenciales, este lunes miles de usuarios se encontraron con la peor noticia: el servicio sigue interrumpido en múltiples líneas y el sistema de transporte en el AMBA agoniza ante la mirada indiferente de la Casa Rosada.
El abandono oficial deja líneas fantasma
La desidia estatal tiene consecuencias directas. Por la falta de pago de salarios —producto del ahogo financiero que impone la administración nacional—, las líneas 333, 407, 437 y 707 se mantienen en paro total. Se trata de empresas que el propio sector califica como “semi quebradas”, víctimas de un esquema económico que parece diseñado para destruir la movilidad de los sectores populares.
Un “gasoilazo” que el Gobierno se niega a ver
La crisis tiene una raíz clara: el descontrolado aumento del combustible que el Gobierno Nacional ha permitido (y fomentado). Tras la escalada de los precios internacionales, el gasoil en el surtidor subió un 20%, pero los funcionarios nacionales se niegan a actualizar la estructura de costos.
La brecha es escandalosa y evidencia un desprecio total por la realidad operativa:
- Precio real del gasoil: entre $2.100 y $2.444 por litro.
- Valor que reconoce el Gobierno: apenas $1.750.
Esta diferencia criminal genera una pérdida de $370 millones diarios. Es un vaciamiento encubierto. El sistema de transporte está siendo desfinanciado a propósito, reduciendo frecuencias y obligando a las empresas a operar en condiciones críticas que ponen en riesgo la seguridad de los pasajeros.
Kicillof resiste el embate del ajuste
Frente al abandono del poder central, la Provincia de Buenos Aires intenta sostener lo que el Gobierno Nacional quiere tirar por la borda. Por instrucción directa de la Gobernación, se aumentó el adelanto de subsidios del 50% al 65% para intentar cubrir los sueldos que la Nación ignora.
Sin embargo, la burocracia y la falta de coordinación nacional dificultan que estos fondos lleguen a tiempo a los bolsillos de los trabajadores. Mientras el Gobierno de Milei se jacta del superávit fiscal, ese dinero falta en las cuentas de las empresas para pagar el gasoil y los sueldos, demostrando que el “ahorro” del Estado se hace a costa del sudor y el tiempo de la gente.
Números en rojo: La muerte anunciada del servicio
El desajuste es total. El último “Índice Bondi” reveló que el costo real para mantener los colectivos en la calle es de $387.270 millones, pero la Secretaría de Transporte de la Nación solo reconoce $298.433 millones.
Ese agujero negro de casi $89.000 millones por mes es el precio del ajuste nacional. Mañana habrá una nueva reunión, pero mientras los funcionarios sigan ignorando el precio del combustible y la necesidad de los laburantes, el transporte público seguirá siendo una víctima más de una política económica que solo cierra con la gente afuera.
