Mientras el pueblo apenas llega a fin de mes, el Jefe de Gabinete blanqueó sus “inversiones mágicas” en Bitcoin. Entre soberbia y victimización, el gobierno salió a blindarlo: ¿Justicia independiente o complicidad absoluta?
En una Argentina sumida en una crisis que aprieta cada vez más los bolsillos de los trabajadores, la clase política que prometió “terminar con la casta” protagoniza un nuevo escándalo que indigna. Manuel Adorni, el vocero devenido en Jefe de Gabinete, rompió el silencio tras la investigación por enriquecimiento ilícito que pesa sobre su patrimonio y su respuesta no tiene desperdicio: admitió que sus ahorros estaban “en negro”.
En una maniobra que huele a desesperación, Adorni intentó justificar una ganancia de 300 mil dólares afirmando que invirtió 200 mil en criptomonedas hace años. La frase que resonará en cada hogar argentino que hoy no puede ni comprar un kilo de carne es lapidaria: “Ahorramos en negro, como todos los argentinos”.
¿Acaso el funcionario cree que todos los argentinos tienen 200 mil dólares “debajo del colchón” para especular en el mercado financiero mientras el país se desangra?
El blindaje de la casta libertaria
Como si se tratara de un libreto de defensa ensayado en las sombras de la Casa Rosada, el aparato oficialista activó su maquinaria para proteger a uno de los suyos. El director de Realizaciones Audiovisuales de Presidencia, Santiago Oría, salió a los medios a cuestionar, no la transparencia de las cuentas de Adorni, sino al periodismo, acusándolo de “operadores asquerosos”.
La bajada de línea fue clara y el propio Javier Milei se encargó de darle el visto bueno, republicando el mensaje y convirtiendo el escándalo judicial en una guerra política contra la prensa. Por su parte, el diputado “Tronco” Figliuolo intentó desviar el foco, hablando de un supuesto “tribunal mediático”, ignorando que lo que la sociedad exige es transparencia sobre el dinero de un funcionario público.
Un relato con olor a chamuyo
Adorni sostiene que su fortuna es producto de inversiones privadas realizadas entre 2013 y 2018. Ante la Justicia, el funcionario busca refugio técnico, alegando tener “llaves” de billeteras virtuales para validar sus operaciones.
Sin embargo, el clima en el Gabinete es de tensión absoluta. La propia vicepresidenta, Victoria Villarruel, no ocultó su desprecio por la situación, calificando el accionar del Jefe de Gabinete como una “vergüenza”.
Mientras tanto, la causa sigue en manos del fiscal Gerardo Pollicita. El gobierno, en un acto de fe ciega o presión mediática, insiste en que “la Justicia va a poner punto final”. La pregunta que queda flotando en la calle, en el almacén y en la parada del colectivo es una sola: ¿Es este el cambio que prometieron o es simplemente la vieja política disfrazada de “libertad”?
La emergencia social no espera, pero parece que para algunos, lo único que importa es que los números de la billetera virtual cierren, sin importar que la realidad del país sea otra muy distinta.
