Mientras millones de familias atraviesan el mes de mayor consumo invernal, el Gobierno nacional volvió a autorizar aumentos en los servicios esenciales. Desde este miércoles 1° de julio, las facturas de electricidad en el AMBA tendrán un incremento promedio del 1,5% para usuarios de Edenor y Edesur, mientras que el gas subirá un 3,01% a nivel nacional.
La medida llega en un contexto de emergencia social, con salarios golpeados, jubilaciones atrasadas frente a la inflación y hogares que ya destinan una parte cada vez mayor de sus ingresos a pagar luz, gas, agua y transporte. Aunque el Gobierno intenta presentar los ajustes como “graduales”, en la vida cotidiana de los argentinos cada aumento se siente como otro golpe al bolsillo.
Más aumentos en medio del frío
Las nuevas tarifas fueron publicadas en el Boletín Oficial y comenzaron a regir desde el 1° de julio. En electricidad, el ajuste alcanza principalmente a los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires, donde operan Edenor y Edesur. Según la información oficial, el incremento promedio será del 1,5%, aunque el impacto final dependerá del consumo de cada hogar y de si mantiene o no algún tipo de subsidio.
En el caso del gas, las facturas acumularán una suba del 3,01% a nivel nacional. El aumento se aplica en pleno pico de consumo invernal, cuando muchas familias necesitan calefaccionar sus viviendas y cocinar más en el hogar. Para los sectores populares, el problema no es solamente cuánto sube la tarifa, sino cuánto queda en el bolsillo después de pagarla.
El Gobierno también prorrogó una bonificación extraordinaria del 25% para usuarios con subsidios focalizados en gas. En electricidad, el beneficio adicional para hogares subsidiados pasó del 11,97% al 16,59%, aplicado sobre un consumo base de 300 kWh mensuales. Sin embargo, estas compensaciones no alcanzan para ocultar el trasfondo: las tarifas siguen aumentando y el salario real continúa perdiendo poder de compra.
Edenor, Edesur y el impacto en los usuarios
Para calcular los nuevos cuadros tarifarios, el organismo regulador tomó como referencia la evolución del Índice de Precios Internos al por Mayor y del Índice de Precios al Consumidor. A partir de esos indicadores, se definió un ajuste base sobre el componente de distribución, que luego fue trasladado a las facturas.
Edenor registró una actualización en su Costo Propio de Distribución del 2,95%, mientras que Edesur aplicó un ajuste del 2,76%. El promedio de ambas distribuidoras se traduce en el aumento del 1,5% que verán los usuarios residenciales del AMBA.
Quienes todavía reciben ayuda del Estado verán el beneficio consignado en la factura bajo el rótulo “Subsidio Estado Nacional”. Pero en muchos casos, ese subsidio funciona apenas como un parche frente a un esquema tarifario que viene acumulando aumentos desde diciembre de 2023.
Para los hogares sin subsidio de Edesur, el cargo variable en la franja de menor consumo llega a $153,935 por kWh, con un cargo fijo mensual de $1.674,55. En Edenor, para usuarios con subsidio, el cargo variable en la franja más baja es de $69,303 por kWh, aunque puede escalar a $155,504 por kWh cuando se supera el umbral de consumo previsto.
El gas también golpea fuerte
En gas, los nuevos cuadros tarifarios diferencian a los usuarios residenciales según su categoría de consumo. Para usuarios sin subsidio de Metrogas en la Ciudad de Buenos Aires, el cargo fijo mensual será de $22.606,14 para las categorías R1 a R3, y de $85.449,38 para la categoría R4.
En el caso de Naturgy BAN, que presta servicio en la zona norte de Buenos Aires, el cargo fijo mensual sin subsidio será de $19.694,91 para las categorías R1 a R3, y de $74.776,64 para R4. Es decir, antes de consumir un metro cúbico de gas, miles de usuarios ya arrancan el mes con una carga fija difícil de afrontar.
La bonificación extraordinaria del 25% para hogares incluidos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados seguirá vigente. El beneficio alcanza tanto a usuarios de gas natural como a usuarios de gas propano indiluido por redes. La explicación oficial habla de “gradualidad” y “previsibilidad”, pero para muchas familias la única previsibilidad real es que cada mes llega una factura más cara.
Una política tarifaria que castiga a los sectores medios y populares
El aumento de luz y gas en julio vuelve a instalar una pregunta central: ¿hasta dónde pueden resistir los hogares argentinos? La política económica del Gobierno descarga el ajuste sobre jubilados, trabajadores, comerciantes, clubes de barrio, organizaciones sociales y familias que ya recortaron consumo, alimentos, medicamentos y actividades básicas.
Según datos del Reporte de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA y el Conicet, un hogar promedio del AMBA sin subsidios destinó en junio $282.758 para cubrir energía, transporte y agua potable. Esa cifra representa un aumento del 10,1% respecto de mayo y un 54% más que en junio de 2025.
El dato más alarmante es que la canasta de servicios públicos acumula una suba del 919% desde diciembre de 2023, muy por encima del 236% registrado por el índice general de precios en el mismo período. En otras palabras, los servicios esenciales aumentaron mucho más que la inflación y se convirtieron en una de las principales causas del deterioro del ingreso familiar.
El discurso oficial insiste en ordenar las cuentas, pero el costo social es cada vez más evidente. En un país donde la luz, el gas y el transporte son necesidades básicas, avanzar con tarifazos en pleno invierno no es una medida técnica: es una decisión política que golpea directamente a quienes menos tienen.
Mientras el Gobierno celebra el ajuste, en los barrios crece la preocupación. La pregunta ya no es si la factura llegará con aumento, sino qué gasto habrá que dejar de pagar para poder enfrentarla.
