El tarifazo al transporte golpea otra vez al bolsillo de los trabajadores, jubilados y estudiantes del AMBA. Desde julio, viajar en colectivo, subte y tren será más caro por los nuevos esquemas de actualización impulsados por el Gobierno, en un contexto de emergencia social donde cada aumento vuelve a recortar el salario real.
La suba llega en un momento crítico para millones de familias que ya enfrentan aumentos en alimentos, alquileres, servicios, prepagas y colegios. Mientras el discurso oficial habla de orden fiscal, la realidad cotidiana muestra otra cara: trasladarse para ir a trabajar, estudiar o atenderse en un hospital se transforma cada vez más en un gasto difícil de sostener.
Colectivos, subte y trenes: los nuevos valores que impactan en el AMBA
En la Ciudad de Buenos Aires, los colectivos bajo jurisdicción porteña tendrán un aumento del 4,1%. Con ese ajuste, el boleto mínimo para recorridos de hasta tres kilómetros pasará a costar $820,60.
La situación será todavía más dura en la provincia de Buenos Aires. Allí, el incremento será del 4,3% y el boleto mínimo para el mismo tramo trepará a $1.059,28. A partir de esa base, el precio seguirá escalando según la distancia recorrida.
El subte porteño también tendrá un nuevo golpe tarifario. Desde el 1 de julio, el pasaje para quienes tengan la tarjeta SUBE nominalizada costará $1.621, contra los $1.558 que se pagaban hasta ahora. En tanto, quienes no tengan la SUBE registrada deberán abonar $2.541 por viaje.
Para los sectores más vulnerables, la tarifa social del subte quedará en $567, mientras que el boleto estudiantil será de $226. Aunque esos valores mantienen descuentos, el cuadro general confirma una tendencia preocupante: moverse dentro del AMBA cuesta cada vez más.
El Gobierno ajusta y la gente paga
La actualización de tarifas se calcula con un esquema automático que toma como base el Índice de Precios al Consumidor informado por el Indec, que fue del 2,1%, al que se suma un incremento extra del 2%. En los hechos, esto consolida un mecanismo permanente de aumentos que castiga a quienes dependen del transporte público todos los días.
El transporte nacional también tendrá cambios. Desde el 15 de julio, el boleto mínimo de colectivo bajo jurisdicción nacional pasará de $728,28 a $742,81 para usuarios con SUBE registrada. Quienes accedan a la Tarifa Social pagarán $334,26, mientras que los pasajeros con SUBE sin registrar deberán abonar $1.485,62.
En los trenes del AMBA, el esquema será escalonado. Durante julio, el boleto de primera sección aumentará 8,6% y quedará en $380,10. En agosto subirá a $420,01, con un incremento del 10,5%, y en septiembre llegará a $449,83, luego de una nueva suba del 7,1%.
El dato más alarmante surge de las estimaciones del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA y el Conicet. Según ese informe, el transporte representa el 40% de la canasta de servicios del AMBA. En junio, este rubro aumentó 5,7% frente a mayo y el gasto mensual de un hogar promedio llegó a $116.688.
La comparación interanual muestra la magnitud del golpe. El gasto en transporte creció 75% en un año, muy por encima de los ingresos de millones de trabajadores. Desde noviembre de 2023, el ajuste acumulado en las tarifas alcanza un impactante 1.354%.
Una emergencia social que viaja todos los días
El nuevo cuadro tarifario no es un dato aislado. Forma parte de una política económica que descarga el ajuste sobre la vida cotidiana de la población. Cada aumento en el colectivo, el tren o el subte significa menos plata para comida, remedios, útiles escolares o alquiler.
El Gobierno también modificó el cálculo de la Tarifa Social, con el argumento de buscar mayor previsibilidad en el gasto del Tesoro. Según la resolución 40/2026, se fijan tarifas de referencia para servicios provinciales, municipales y nacionales, sin modificar el descuento del 55% para quienes tienen SUBE registrada.
El beneficio alcanza a jubilados, pensionados, personal de trabajo doméstico, veteranos de Malvinas, monotributistas sociales, titulares de AUH, Asignación por Embarazo, Progresar, Volver al Trabajo, Acompañamiento Social, Seguro por Desempleo, Pensiones No Contributivas y otros programas sociales.
Sin embargo, el problema de fondo sigue intacto. La tarifa social contiene parcialmente a algunos sectores, pero no alcanza para compensar una política de aumentos constantes que golpea al conjunto de la sociedad.
En un país donde millones de personas necesitan viajar para trabajar, estudiar o buscar atención médica, el transporte público no puede convertirse en un lujo. Pero con estos nuevos valores, el mensaje parece claro: el ajuste avanza, el Estado se retira y la gente vuelve a pagar la cuenta.
