La muerte de Lucía Rubiño volvió a sacudir a San Juan y encendió un reclamo que atraviesa a miles de familias argentinas: justicia real, condenas firmes y un Estado que no mire para otro lado cuando una vida joven queda destruida por la irresponsabilidad al volante.
La adolescente tenía apenas 16 años cuando fue atropellada en octubre de 2023, después de una fiesta en el Barrio Profesional de Rivadavia. Este miércoles, la Justicia de Menores condenó a Nahim Manzur, quien conducía el Renault Sandero que embistió a la joven, a dos años de prisión condicional y cuatro años de inhabilitación para manejar.
La decisión judicial cayó como un baldazo de bronca para la familia. Al tratarse de una pena en suspenso, el joven condenado continuará en libertad. Para el entorno de Lucía, el fallo no alcanza, no repara y deja una sensación amarga de impunidad frente a una tragedia que todavía duele como el primer día.
Una madrugada marcada por la velocidad y la muerte
El hecho ocurrió durante la madrugada del 15 de octubre de 2023. Según la reconstrucción del caso, cerca de 50 adolescentes participaban de una fiesta en una vivienda del Barrio Profesional. Con el correr de las horas, algunos jóvenes comenzaron a realizar maniobras peligrosas y picadas en las calles internas del lugar.
Pasadas las 3 de la mañana, Lucía se retiró de la casa junto a su novio y quedó esperando a su madre en el portón de una vivienda vecina. En ese momento, el Renault Sandero conducido por Manzur la embistió y la aplastó contra un muro.
La joven alcanzó a comunicarse con su mamá para decirle que estaba bien. Sin embargo, cuando Belén Montilla llegó al hospital, recibió la noticia más devastadora: su hija había muerto.
La escena resume una Argentina que muchas veces se repite con dolor. Jóvenes expuestos a la violencia vial, familias destruidas y un sistema judicial que, para los seres queridos de las víctimas, parece llegar tarde y con respuestas demasiado livianas.
La bronca de una familia que no baja los brazos
La sentencia contra Manzur fue recibida con llanto, impotencia y enojo por los padres, familiares y amigos de Lucía. Frente a los tribunales de San Juan, la familia aguardó la resolución con banderas, carteles y globos blancos, en una jornada cargada de dolor y expectativa.
El padre de la víctima, Jorge Rubiño, no pudo contener la tristeza tras conocer el fallo. “Hoy estoy muy mal”, expresó, golpeado por una decisión que para la familia no representa justicia verdadera.
Belén Montilla, la madre de Lucía, ya había denunciado públicamente el desgaste emocional que atraviesan las familias cuando deben pelear contra la burocracia judicial después de perder a un hijo. Su reclamo no es solamente personal: también representa a miles de madres que sienten que la Justicia protege más a los responsables que a las víctimas.
El otro imputado y una causa que todavía sigue abierta
La investigación también involucró a Juan Pablo Echegaray, quien manejaba una Toyota Hilux que circulaba en sentido contrario al Renault Sandero. Para la querella, su maniobra habría sido clave porque, según sostienen, obligó a Manzur a girar bruscamente hacia donde estaba Lucía.
Los abogados de la familia, Marcelo Fernández Valdez y Ludmila Derka, cuestionaron el sobreseimiento de Echegaray y mantienen activa la impugnación. Según la querella, varios testimonios señalaron que la camioneta habría tenido una participación determinante en la secuencia previa al impacto.
La Fiscalía, en cambio, sostuvo que Echegaray redujo la velocidad, detuvo la marcha e invadió el carril contrario solo de manera mínima. Esa diferencia de interpretación judicial es hoy uno de los puntos más sensibles del expediente.
Por eso, aunque ya existe una condena contra Manzur, la causa no está completamente cerrada. La familia de Lucía seguirá reclamando que se revise el sobreseimiento y que se investigue hasta el final el rol de todos los involucrados.
Cuando la Justicia no alcanza, la sociedad grita
El caso Lucía Rubiño vuelve a poner sobre la mesa una discusión urgente: qué valor tiene la vida de una adolescente cuando la condena por su muerte permite que el responsable siga en libertad.
En un país atravesado por la desigualdad, la violencia vial y la falta de respuestas para las víctimas, cada fallo de este tipo alimenta la sensación de que la Justicia funciona con demasiada frialdad frente al dolor de las familias trabajadoras.
Lucía no era un expediente. Era una hija, una amiga, una adolescente con sueños y una vida por delante. Su muerte dejó una herida abierta en San Juan y un reclamo que crece en las calles: que no haya privilegios, que no haya impunidad y que ninguna familia tenga que mendigar justicia después de enterrar a un hijo.
Mientras la causa continúa en revisión por el sobreseimiento de Echegaray, la familia Rubiño mantiene viva la pelea. En cada cartel, en cada marcha y en cada pedido público, el mensaje se repite con fuerza: por Lucía, justicia.
