Saqueo a la clase media: la luz y el gas aumentan un 45% para garantizar el negocio de los monopolios.
El gobierno oficializó un nuevo salto del 45% en los servicios de luz y gas, fulminando los costos operativos de miles de fábricas y comercios. Mientras te exigen “sacrificio”, las compañías prestatarias celebran balances históricos y giran sus dólares al exterior. La transferencia de riqueza, al desnudo.
El ajuste no lo paga la casta, lo paga el que produce y el que trabaja. En una madrugada gélida de julio, el Boletín Oficial trajo la confirmación de un nuevo golpe de gracia al mercado interno: un aumento del 45% en las tarifas de gas y electricidad que impactará de lleno en los hogares de clase media, pequeños comercios y las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs).
La medida, justificada bajo el ya gastado eufemismo del “sinceramiento de precios”, elimina cualquier tipo de resguardo estatal sobre el aparato productivo. Para una panadería, un taller metalúrgico o una pizzería de barrio, este salto en los costos fijos representa una encrucijada letal: o trasladan la suba a precios en un mercado ya deprimido, o bajan las persianas definitivamente.
La estafa del esfuerzo compartido
El relato oficial exige paciencia y sacrificio a la ciudadanía para “ordenar la macroeconomía”. Sin embargo, los números demuestran que el sacrificio es de un solo lado. Mientras el Ministerio de Economía firmaba el tarifazo, las principales empresas distribuidoras y generadoras de energía presentaron sus balances semestrales ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).
¿El resultado? Ganancias extraordinarias en dólares que rompen los récords de la última década. Más indignante aún es que, en paralelo a estos balances, los directorios de estas empresas ya aprobaron la remisión de millonarios dividendos hacia sus casas matrices o fondos de inversión en el exterior.
No hay derrame. No hay inversión para mejorar la infraestructura. Lo que hay es una aspiradora de pesos que extrae el fruto del trabajo argentino y lo convierte en dólares que se fugan del país.
El mercado interno en terapia intensiva
Las entidades que nuclean a la burguesía nacional ya advirtieron que este nivel de costos dolarizados en una economía con salarios en pesos devaluados es la receta perfecta para el industricidio. Una fábrica que cierra por no poder pagar la luz no es solo un empresario nacional que se funde; son familias que caen en la desocupación y un engranaje menos en la rueda de nuestra soberanía económica.
El gobierno de Javier Milei no está resolviendo el problema energético, está resolviendo la rentabilidad de cuatro monopolios a costa de congelar, literal y económicamente, a todo el pueblo argentino.
Opinion:
La política energética del gobierno libertario es la antítesis de la Comunidad Organizada. Desde nuestra concepción justicialista, los servicios públicos y la energía son herramientas estratégicas para el desarrollo de la Nación y el bienestar del pueblo, no simples mercancías para la especulación financiera. Al dolarizar las tarifas y permitir la fuga de esos dividendos, el gobierno ataca nuestra Independencia Económica, desangrando a la burguesía nacional que invierte y genera empleo. A su vez, pulveriza la Justicia Social, entendiendo que el confort básico, como la calefacción en invierno, pasa a ser un privilegio de pocos y no un derecho del trabajador. El Estado, concebido por el peronismo como el escudo de los más débiles, hoy funciona exclusivamente como el brazo ejecutor de los monopolios.
