EL GOBIERNO QUISO AVANZAR CON LAS TIERRAS, TERMINÓ RETROCEDIENDO Y AHORA SE PASAN FACTURAS ENTRE FUNCIONARIOS MIENTRAS CRECE EL MALESTAR SOCIAL
El Gobierno de Javier Milei recibió uno de los golpes políticos más incómodos de los últimos meses. Después de semanas de negociaciones, borradores, llamados desesperados y búsqueda de votos, el oficialismo terminó resignando el capítulo más polémico de su proyecto sobre propiedad privada: el que habilitaba cambios en el régimen para la compra de tierras por parte de ciudadanos y empresas extranjeras. Lo que en la Casa Rosada pretendían presentar como una nueva reforma terminó convertido en una tormenta política, comunicacional y federal que dejó al descubierto las dificultades del Gobierno para sostener su propia agenda.
La discusión dejó rápidamente de ser un debate técnico para transformarse en una cuestión profundamente sensible para millones de argentinos. La posibilidad de modificar las restricciones sobre la propiedad extranjera encontró rechazo en sectores políticos, sindicales, sociales, provinciales y también en figuras populares que llevaron la discusión a las redes sociales. El mensaje fue sencillo y contundente: la tierra argentina no puede convertirse en una mercancía más dentro del programa de desregulación.
CUANDO “LA PATRIA NO SE VENDE” DESARMÓ EL RELATO LIBERTARIO
Dentro del propio oficialismo terminaron reconociendo que habían perdido la batalla comunicacional. La publicación de Tini Stoessel con la consigna “La Patria no se vende” llevó el tema a millones de personas y encendió todas las alarmas en Balcarce 50. No era solamente una cantante opinando sobre política: para el Gobierno significaba comprobar que la discusión había salido del Congreso y había entrado de lleno en la conversación cotidiana de los argentinos.
El problema se agravó cuando otras figuras públicas se sumaron al cuestionamiento y las redes, terreno donde La Libertad Avanza construyó buena parte de su identidad política, comenzaron a mostrar una tendencia adversa. De acuerdo con los datos mencionados en el material original, un relevamiento sobre conversaciones digitales registró un 69% de mensajes negativos vinculados con la iniciativa. El Gobierno, que durante años se presentó como especialista en disputar la llamada “batalla cultural”, quedó atrapado en un debate que no logró controlar.
La contradicción política tampoco pasó inadvertida. Mientras el oficialismo había utilizado durante semanas un discurso cargado de referencias a la defensa de la Argentina, Malvinas y los intereses nacionales, simultáneamente debía explicar por qué impulsaba una modificación que permitía ampliar las posibilidades de compra de tierras por capitales extranjeros. Esa combinación terminó siendo explosiva y facilitó una consigna mucho más poderosa que cualquier explicación técnica: defender el territorio nacional.
LOS GOBERNADORES DIJERON BASTA Y EL PODER TERRITORIAL LE PUSO UN FRENO
El verdadero problema para Milei apareció cuando algunos gobernadores que habitualmente colaboraban con la Casa Rosada comenzaron a despegarse del proyecto. Osvaldo Jaldo, Gustavo Sáenz y Rolando Figueroa estuvieron entre los dirigentes provinciales que marcaron distancia, enviando una señal que el Gobierno no podía ignorar.
La administración libertaria necesitaba preservar un entramado parlamentario de senadores propios y aliados que había resultado fundamental para aprobar otras iniciativas. Romper ese equilibrio por la discusión de la Ley de Tierras podía convertirse en un costo demasiado alto. Frente a esa realidad, el Gobierno terminó retrocediendo.
El episodio resulta especialmente significativo para una administración que acostumbra presentar cada reforma como una batalla entre quienes quieren cambiar el país y quienes supuestamente se resisten al progreso. Esta vez, buena parte de la resistencia surgió de sectores que hasta hace poco acompañaban al propio oficialismo. Cuando los intereses provinciales quedaron sobre la mesa, varios aliados demostraron que existen límites que ni siquiera la presión de la Casa Rosada consigue borrar.
TODOS CONTRA TODOS: LA INTERNA LIBERTARIA EXPLOTÓ
Después de la derrota comenzó el deporte preferido de los gobiernos cuando algo sale mal: buscar responsables. Dentro del oficialismo aparecieron cuestionamientos hacia Diego Santilli por el vínculo con los gobernadores, críticas a Patricia Bullrich por el manejo de los votos en el Senado y reproches hacia Federico Sturzenegger por la falta de flexibilidad política alrededor de las reformas.
La interna exhibió un problema más profundo. Un sector intentaba negociar modificaciones para conseguir voluntades mientras otro reclamaba mantener la pureza del proyecto original. Esa contradicción terminó debilitando la estrategia parlamentaria y mostrando una administración en la que diferentes áreas podían estar trabajando en direcciones opuestas durante una votación decisiva.
No se trata solamente de una pelea de nombres. Lo ocurrido expuso las dificultades del Gobierno para coordinar política, territorio, Congreso y comunicación al mismo tiempo. Una cosa es anunciar reformas desde un atril o desde las redes sociales y otra muy diferente es construir los consensos necesarios para convertirlas en leyes sin dinamitar las alianzas que sostienen al oficialismo.
EL AJUSTE YA PESA EN LA CALLE Y LA PACIENCIA NO ES INFINITA
El traspié legislativo llega, además, en un momento social delicado. Según los datos incluidos en el material que originó esta nota, el Índice de Confianza en el Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella cayó 6,5% durante julio y quedó en 1,94 puntos sobre cinco. Otros estudios mencionados allí muestran que un 66% de los consultados quiere cambios respecto de la situación económica actual y que el malestar aparece cada vez con mayor fuerza entre las emociones predominantes.
El mismo panorama señala que un 58,6% desaprueba la gestión y que el 43,2% considera que el país estará peor dentro de un año. A eso se suma una cifra que pega directamente en el bolsillo: el Banco Central registra 20,9 millones de personas con algún tipo de deuda financiera y 5,8 millones con al menos una obligación atrasada por más de 90 días.
Ahí está el verdadero problema que ningún relato puede esconder. Mientras la política discute grandes reformas, millones de argentinos hacen cuentas para llegar a fin de mes, refinancian tarjetas, acumulan cuotas y recortan gastos básicos. En semejante contexto, plantear modificaciones sobre quién puede comprar grandes extensiones del territorio nacional inevitablemente genera una sensibilidad mucho mayor.
LA PATRIA LE PUSO UN LÍMITE AL EXPERIMENTO
La derrota parcial de la iniciativa dejó una señal que excede ampliamente a la Ley de Tierras. El oficialismo todavía necesita al Congreso, necesita gobernadores y necesita aliados. Milei puede tener la voluntad de acelerar su programa económico, pero la Argentina federal continúa teniendo actores capaces de decir que no.
El Gobierno también tiene por delante otras reformas de enorme peso político, entre ellas modificaciones vinculadas con el Banco Central, nuevos regímenes de inversión, cuestiones fiscales y cambios electorales rumbo a 2027. Después de lo ocurrido, cada uno de esos proyectos será observado con mucha más atención por legisladores que ya comprobaron hasta dónde puede crecer el costo social de acompañar determinadas iniciativas.
La discusión por las tierras dejó, además, una enseñanza imposible de maquillar: cuando una reforma toca fibras relacionadas con la soberanía, el territorio y el patrimonio nacional, la sociedad argentina todavía reacciona. No alcanza con invocar al mercado, prometer inversiones o presentar cualquier resistencia como atraso. Hay bienes que forman parte de una identidad colectiva mucho más profunda.
Milei quiso avanzar, los gobernadores comenzaron a correrse, las redes se incendiaron y el propio oficialismo terminó admitiendo sus errores. En una Argentina golpeada por las deudas, el ajuste y la incertidumbre, la Casa Rosada descubrió que no todas las reformas pueden pasar como una topadora.
Esta vez, frente al intento de avanzar sobre una cuestión tan sensible como la tierra argentina, apareció un límite político que atravesó partidos, provincias y generaciones.
Y el mensaje que quedó flotando por encima del Congreso fue demasiado sencillo como para que ningún laboratorio comunicacional pudiera enterrarlo: la Argentina no está en liquidación.
