El Senado le dio media sanción a una reforma impulsada por el Gobierno que busca acelerar los juicios de desalojo y facilitar la restitución de inmuebles. Mientras millones de argentinos hacen cuentas para llegar a fin de mes, la Casa Rosada vuelve a poner el peso de su proyecto sobre uno de los sectores más castigados por la crisis: quienes viven de un alquiler.
El desalojo exprés de Milei avanzó en el Congreso y volvió a encender una alarma en medio de una Argentina golpeada por el costo de vida, los alquileres y la pérdida de poder adquisitivo. El Senado aprobó la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa del Gobierno que busca acelerar los procedimientos judiciales para recuperar viviendas y otros inmuebles. Todavía falta la Cámara de Diputados, pero el mensaje político ya está sobre la mesa: cuando el bolsillo de las familias está cada vez más ajustado, el oficialismo elige endurecer y acelerar las herramientas disponibles para desalojar.
LA VIVIENDA TAMBIÉN ENTRA EN LA MOTOSIERRA
Detrás de las palabras “seguridad jurídica” y “propiedad privada” aparece una modificación concreta que puede alterar el delicado equilibrio entre propietarios e inquilinos. El proyecto establece procedimientos sumarísimos para determinadas acciones de desalojo, es decir, mecanismos judiciales diseñados para avanzar con mayor rapidez que un proceso ordinario. También amplía las posibilidades de reclamar la restitución de un inmueble cuando exista un derecho o interés legítimo afectado.
El problema social aparece cuando esa velocidad judicial se cruza con una realidad económica que el Gobierno parece mirar desde otro planeta. Alquiler, expensas, alimentos, tarifas, transporte y medicamentos compiten todos los meses por el mismo salario. En ese contexto, acelerar desalojos sin resolver primero el drama habitacional puede transformar una deuda o un conflicto contractual en una carrera desesperada contra el reloj.
Para los alquileres destinados a vivienda, el texto mantiene una instancia previa: ante una falta de pago, el propietario deberá intimar fehacientemente al inquilino y otorgarle un plazo no menor a diez días corridos para pagar lo adeudado antes de iniciar la acción judicial. Ese límite es importante porque evita una interpretación falsa que circula alrededor del tema: la iniciativa no significa que un inquilino pueda ser automáticamente expulsado de su casa diez días después de dejar de pagar. Sin embargo, una vez cumplidos los requisitos, la intención de la reforma es que el camino judicial hacia el desalojo sea más rápido.
MENOS TIEMPO, MÁS PRESIÓN
Otro punto sensible aparece con la posibilidad de obtener una restitución anticipada del inmueble en determinados casos. Cuando exista una ocupación precaria, intrusión u otras circunstancias previstas por la normativa, el juez podrá evaluar una entrega inmediata si considera verosímil el derecho reclamado y se cumplen las garantías establecidas. El esquema también contempla mecanismos más ágiles frente al vencimiento contractual o la falta de pago.
Ahí está el corazón político del desalojo exprés de Milei. El Gobierno pone el acelerador sobre la recuperación del inmueble, pero la Argentina real sigue sin encontrar una respuesta de fondo para miles de trabajadores, jubilados y familias que destinan una enorme porción de sus ingresos solamente a conservar un techo. El derecho de propiedad merece protección, pero una Nación socialmente justa tampoco puede tratar la vivienda como si fuera únicamente una cifra dentro de una planilla de rentabilidad.
La reforma prevé además notificaciones en el inmueble involucrado y mecanismos para identificar a quienes lo ocupan. En determinadas situaciones, el procedimiento permite requerir intervención de la fuerza pública y avanzar con las herramientas judiciales necesarias para concretar el lanzamiento. Son instrumentos que fortalecen la capacidad de recuperar una propiedad, pero que inevitablemente abren una discusión mucho mayor sobre cuál debe ser el límite cuando enfrente existe una familia atravesando una emergencia social.
NIÑOS, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS VULNERABLES
El texto aprobado en el Senado incorporó resguardos para situaciones especialmente delicadas. Cuando haya menores, personas con discapacidad o adultos mayores en condiciones de desamparo deberán intervenir organismos de protección y el Ministerio Público Tutelar. También se contempla un plazo para gestionar una alternativa habitacional transitoria.
Ese freno social evita que el procedimiento sea absolutamente automático, aunque no resuelve el problema estructural. Una solución habitacional provisoria puede contener una emergencia durante algunos días, pero no reemplaza una política nacional de acceso a la vivienda, alquileres sostenibles, salarios suficientes y protección efectiva de las familias que atraviesan situaciones críticas.
Mientras el Gobierno construye su relato alrededor de la libertad y la propiedad, millones de argentinos enfrentan otra libertad mucho más básica: la posibilidad de elegir dónde vivir sin entregar medio sueldo en el intento. La tradición justicialista fue clara en este punto: la propiedad privada tiene una función social y el desarrollo económico debe estar al servicio de la comunidad, no convertir al ser humano en una variable secundaria del mercado.
MILEI CONSIGUIÓ MEDIA SANCIÓN, PERO TODAVÍA NO TERMINÓ LA HISTORIA
La Casa Rosada consiguió avanzar en el Senado, aunque debió recortar parte de su propuesta original para reunir los votos necesarios. Ahora la discusión seguirá en Diputados, donde el oficialismo necesitará nuevamente construir acuerdos para transformar el proyecto en ley.
Hasta entonces, ningún argentino debería confundirse: las nuevas reglas todavía no están vigentes. Lo que sí está vigente es una discusión mucho más profunda sobre el modelo de país que se quiere construir. Porque proteger al propietario frente a una ocupación ilegítima es una obligación del Estado, pero proteger a una familia trabajadora frente a una crisis habitacional también debería serlo.
La cuestión de fondo no puede reducirse a propietarios contra inquilinos. El verdadero problema aparece cuando un Estado abandona su obligación de equilibrar derechos y deja que todo lo resuelva el bolsillo. En una Argentina donde conseguir vivienda ya es una odisea, acelerar solamente la puerta de salida puede terminar siendo otra expresión de un modelo que exige cada vez más sacrificios abajo mientras promete que, alguna vez, el mercado acomodará todo.
