La Casa Rosada tuvo que abandonar, al menos por ahora, uno de los puntos más polémicos de su ofensiva desreguladora. La falta de votos, el rechazo de aliados y la presión social frenaron el intento de modificar el régimen que limita la extranjerización de tierras rurales.
El Gobierno frena la Ley de Tierras después de semanas de tensión política. La administración de Javier Milei decidió retirar uno de los capítulos más controvertidos de su agenda desreguladora.
La iniciativa buscaba modificar las restricciones para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Sin embargo, el oficialismo no consiguió el apoyo político necesario para avanzar.
No se trató de un cambio de ideas dentro de la Casa Rosada. El proyecto contaba con el respaldo del Presidente y formaba parte del programa impulsado por Federico Sturzenegger.
Esta vez apareció un límite concreto. Faltaron votos, crecieron las críticas y varios aliados comenzaron a tomar distancia.
LA SOBERANÍA PUSO UN FRENO AL PLAN LIBERTARIO
La polémica aumentó porque el Gobierno pretendía modificar la Ley de Tierras sancionada en 2011. Esa norma establece límites a la cantidad de tierras rurales que pueden quedar en manos extranjeras.
Durante las negociaciones se analizaron distintas alternativas. Una de ellas contemplaba elevar del 15% al 25% el límite permitido para la propiedad extranjera.
Incluso existió una propuesta más profunda. El planteo inicial buscaba eliminar prácticamente todas las restricciones.
Para millones de argentinos, la tierra no es una mercancía cualquiera. También representa producción, alimentos, agua, recursos naturales, fronteras y soberanía nacional.
Por eso, reducir esta discusión a una simple cuestión de mercado resulta insuficiente. Cuando se habla del territorio argentino, también se habla del futuro del país.
EL SENADO OBLIGÓ AL GOBIERNO A RETROCEDER
El Senado terminó convirtiéndose en una barrera para el avance oficial.
El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada consiguió media sanción. Sin embargo, llegó a la votación sin uno de sus capítulos más controvertidos.
La modificación vinculada con la compra de tierras por extranjeros fue eliminada. También quedó afuera el apartado relacionado con cambios en la Ley de Manejo del Fuego.
De esta manera, el Gobierno consiguió salvar una parte del proyecto. Pero para lograrlo tuvo que sacrificar dos puntos centrales de su propuesta original.
La motosierra legislativa encontró resistencia.
STURZENEGGER SUMA OTRA DERROTA POLÍTICA
Federico Sturzenegger volvió a quedar en el centro de una derrota parlamentaria.
El ministro convirtió la desregulación en una de las principales banderas del Gobierno. Sin embargo, varias de sus reformas comenzaron a encontrar obstáculos dentro del Congreso.
Gobernar no consiste solamente en redactar cientos de artículos desde un despacho. También implica conseguir votos, construir consensos y explicar cuáles serán las consecuencias de cada reforma.
La Ley de Tierras terminó marcando uno de esos límites.
Mientras el oficialismo defendía una mayor apertura, crecían las advertencias sobre el control extranjero de enormes extensiones rurales.
La discusión dejó de ser solamente económica. Pasó a convertirse en una pelea directa por la soberanía nacional.
BULLRICH NEGOCIÓ PARA EVITAR UNA DERROTA MAYOR
Patricia Bullrich tuvo un papel central en las negociaciones dentro del Senado.
La jefa del bloque oficialista aceptó retirar el capítulo referido a las tierras para impedir que todo el proyecto terminara cayéndose.
La prioridad cambió rápidamente.
El Gobierno pasó de intentar imponer su propuesta original a tratar de rescatar aquello que todavía podía aprobarse.
Esa maniobra dejó expuesta una debilidad política. La Casa Rosada tuvo que ceder ante un Congreso que ya no acompaña automáticamente cada iniciativa oficial.
DEL “VAMOS POR TODO” AL FRENO DE MANO
La situación muestra una diferencia cada vez más evidente entre los anuncios del Gobierno y su capacidad para convertirlos en leyes.
Desde la Casa Rosada se anuncian reformas profundas. Después aparece la realidad del Congreso, donde cada voto cuenta.
También aparece una sociedad que no necesariamente está dispuesta a acompañar cada experimento libertario.
Cuando lo que está en juego son las tierras argentinas, la discusión se vuelve todavía más sensible.
No se trata solamente de inversiones. Tampoco de balances empresariales.
Se trata de decidir quién puede controlar sectores estratégicos del territorio nacional.
LA TIERRA NO ES UNA MERCANCÍA CUALQUIERA
Desde una mirada nacional y popular, la tierra debe formar parte de una estrategia soberana.
La independencia económica pierde sentido cuando sectores estratégicos quedan sometidos únicamente a la lógica del mejor postor.
La inversión privada puede resultar necesaria. Pero eso no significa que el Estado deba renunciar a establecer límites.
Defender el territorio también significa proteger recursos naturales, producción y capacidad de decisión.
Ese principio estuvo en el centro del rechazo que terminó frenando el proyecto.
EL GOBIERNO FRENA LA LEY DE TIERRAS Y CAMBIA DE PRIORIDAD
El Gobierno frena la Ley de Tierras porque no logró construir el respaldo necesario para avanzar.
Ahora Sturzenegger deberá concentrarse en otros paquetes de desregulación.
Uno de ellos es conocido como “Hojarasca”. Además, su Ministerio elaboró otro conjunto de reformas que incluye cientos de artículos.
Ese paquete apunta, entre otros sectores, al mercado inmobiliario, las matrículas profesionales y diferentes regulaciones económicas.
Mientras tanto, la Casa Rosada pretende avanzar primero con modificaciones en la Carta Orgánica del Banco Central y con cambios relacionados con Inocencia Fiscal.
UNA DERROTA QUE GOLPEA EL CORAZÓN DEL MODELO
El dato político quedó a la vista.
Milei y Sturzenegger querían avanzar sobre uno de los puntos más sensibles de su programa desregulador. Esta vez no pudieron hacerlo.
La falta de apoyo obligó al Gobierno a retroceder.
En una Argentina atravesada por una fuerte incertidumbre económica y social, discutir quién controla la tierra nunca puede ser considerado un asunto menor.
Es discutir qué recursos conservará el país.
También significa decidir qué patrimonio quedará para las próximas generaciones.
Frente a un Gobierno que convirtió la desregulación en una bandera permanente, esta derrota deja una señal contundente: la soberanía argentina todavía tiene límites que el mercado no puede borrar.
