La combinación de tarifazos desregulados y desinversión estructural desató una ola de indignación en el interior de la provincia de Buenos Aires y la región capital. Mientras los usuarios residenciales, talleres industriales y comercios de cercanía reciben boletas de luz con montos que multiplican por cuatro los valores del año anterior, el servicio técnico atraviesa una de sus fases operativas más deficientes, registrándose cortes de suministro que se extienden por más de 48 horas, bajas de tensión que destruyen artefactos hogareños y siniestros con transformadores sobrecalentados.
La situación motivó una batería de pedidos de informes en la Legislatura provincial y denuncias formales ante el Organismo de Control de la Energía Eléctrica (OCEBA). En distritos del interior productivo bonaerense y localidades del Gran La Plata (como Tolosa, Gonnet y Villa Elisa), las cámaras de comercio alertaron sobre pérdidas millonarias en cámaras frigoríficas, alimentos perecederos y parálisis de turnos de producción fabril.
La falacia de la “tarifa de equilibrio” El discurso oficial del Ministerio de Economía sostuvo durante meses que el sinceramiento de los cuadros tarifarios y la eliminación de subsidios generaría automáticamente una corriente de inversiones privadas destinadas a modernizar la infraestructura eléctrica. Sin embargo, la realidad expone la naturaleza rentística del modelo concesionario: las empresas recaudan sumas récord en concepto de Valor Agregado de Distribución (VAD), pero ejecutan planes de mantenimiento preventivo mínimos, saturando las subestaciones existentes.
Mientras un jubilado o un trabajador asalariado debe destinar hasta el 15% de su ingreso total únicamente a pagar la factura eléctrica, las corporaciones energéticas exhiben balances contables saneados sin haber tendido nuevas líneas troncales ni renovado el parque de transformadores en los barrios más densamente poblados.
Energía para la producción, no para la usura Para la doctrina justicialista de Info del Plata, la energía eléctrica constituye un bien social y un insumo productivo de soberanía estratégica, nunca una mercancía librada a la lógica extractiva del libre mercado. El acceso a una red eléctrica estable, segura y a precios justos en moneda nacional es una condición elemental para la radicación de industrias, el sostenimiento del comercio y la vida digna de la familia trabajadora.
Convalidar aumentos dolarizados mientras las redes colapsan ante el primer pico de demanda representa un esquema de saqueo institucionalizado. La defensa de la soberanía nacional y la justicia social exige auditorías integrales sobre los planes de inversión de las concesionarias, aplicación de multas severas con devolución directa a los usuarios afectados y la recuperación del rol rector del Estado en la planificación energética del país.
