Por Redacción Info del Plata
Una de las reservas estratégicas más importantes de la previsión social argentina acaba de ser puesta al servicio de las mesas de dinero. A través de una batería de medidas administrativas rubricadas por el Ministerio de Economía y las autoridades de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el gobierno de Javier Milei ejecutó el desvío de aproximadamente 2 billones de pesos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para volcarlo de manera directa en el circuito bancario privado bajo la etiqueta oficial de fondeo crediticio.
El contraste social es intolerable: mientras el Palacio de Hacienda rechaza sistemáticamente cualquier proyecto legislativo que recomponga el poder adquisitivo de las jubilaciones mínimas y mantiene congelados los bonos extraordinarios ante una inflación que carcome alimentos y servicios básicos, los ahorros acumulados por generaciones de laburantes son derivados a entidades financieras privadas con rendimientos y garantías preferenciales.
La ingeniería del desvío
La operación diseñada por la secretaría que encabeza Luis Caputo consistió en la colocación de activos líquidos y títulos representativos de deuda del FGS en líneas especiales de financiamiento canalizadas a través de los principales bancos comerciales que operan en la plaza local. Según los voceros del oficialismo, el objetivo técnico es generar oferta de créditos hipotecarios y personales de mediano plazo.
Sin embargo, en los hechos, se trata de una inyección masiva de liquidez a tasa subsidiada que los bancos arbitran en el mercado financiero, garantizándose márgenes de intermediación extraordinarios sin asumir riesgo operativo real. El FGS, creado históricamente para respaldar las jubilaciones ante crisis sistémicas y financiar obras de infraestructura pública que generen empleo genuino, pasa a operar como un prestador de última instancia para la especulación bancaria.
Jubilaciones de miseria y ajuste planificado
La maniobra desnuda la falsedad del dogma del equilibrio fiscal pregonado por el Ejecutivo nacional. No se trata de una limitación objetiva de recursos (“no hay plata”), sino de una decisión política de prioridades: no hay fondos para medicamentos oncológicos, no hay fondos para recomponer el 82% móvil ni para aliviar la canasta alimentaria de los adultos mayores, pero sobran 2 billones de pesos cuando se trata de subsidiar la cartera activa de la banca corporativa.
Los últimos informes del sector previsional revelan que la jubilación mínima cubre apenas un tercio de los requerimientos mínimos de vida de un jubilado en las grandes áreas metropolitanas. La entrega del FGS al sector bancario debilita la estructura patrimonial del sistema público de reparto, profundizando la vulnerabilidad del esquema previsional para pavimentar el camino hacia esquemas de capitalización individual privada, como las extintas AFJP.
La soberanía de los ahorros colectivos
El movimiento obrero organizado, los centros de jubilados y la dirigencia del campo popular repudiaron la medida y preparan presentaciones judiciales por malversación de los fines específicos de la ley de creación del FGS. Los ahorros del pueblo no pertenecen a la administración de turno para equilibrar los balances de la City, sino a los trabajadores que los aportaron a lo largo de décadas de trabajo.
La defensa del FGS trasciende una discusión presupuestaria: es la defensa de la dignidad de nuestros viejos y del futuro de los trabajadores activos. La apropiación del patrimonio previsional para fondear el negocio bancario marca un punto de no retorno en la ofensiva.
