El Congreso volvió a ser el escenario de una maniobra de privilegio legalizado. Con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO y el radicalismo, el Senado convirtió en ley el polémico proyecto de «Inocencia Fiscal II», rebautizado en el debate parlamentario como la «Ley Adorni» tras los antecedentes de adhesión al régimen original por parte de jerarcas del Ejecutivo. El peronismo votó en soledad en contra de la iniciativa (23 votos negativos frente a 44 positivos), denunciando que el andamiaje legal fue diseñado para blindar patrimonios oscuros y otorgar amnistía tributaria a los círculos más íntimos del oficialismo.
Si bien el gobierno se vio forzado en Diputados a excluir de manera formal a las Personas Expuestas Políticamente (PEP) que hayan ejercido funciones en los últimos cinco años para evitar una derrota parlamentaria, el oficialismo impidió expresamente extender ese cerrojo al entorno familiar directo. En la práctica, cónyuges, hijos y parientes de los altos cargos libertarios podrán ingresar activos no declarados bajo el paraguas de la simplificación y el perdón estatal, esquivando multas y controles de origen.
Caza de brujas al monotributista, alfombra roja a los amigos
El contraste desnuda la matriz ideológica del programa económico: mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, instruye a la flamante ARCA para intensificar los cruces bancarios y las inspecciones sobre comerciantes de barrio, cuentapropistas, monotributistas y asalariados, la ley aprobada consagra el denominado «tapón fiscal». Este mecanismo impide al Estado investigar ejercicios fiscales pasados a quienes blanqueen activos, consagrando una presunción de inocencia automática que jamás se le concede al ciudadano común que adeuda una cuota impositiva.
Durante el debate en el recinto, el jefe de la bancada opositora, José Mayans, fue demoledor al advertir a quiénes responde verdaderamente el texto: «Hay que cambiarle el nombre a Ley Adorni», disparó, marcando la contradicción de un régimen que flexibiliza controles financieros mientras congela las partidas para comedores comunitarios y recorta las prestaciones de salud a jubilados. Senadores de las provincias advirtieron además que este perdón impositivo desfinancia la coparticipación federal, privando a los distritos de recursos para obra pública, salud y educación.
El negocio del perdón fiscal permanente
Lejos de la proclamada igualdad ante la ley, el gobierno de Javier Milei consolida un esquema tributario regresivo: los sectores que construyeron sus ahorros en la timba cambiaria o la fuga gozan de facilidades extremas, en tanto que la producción manufacturera nacional y las PyMEs soportan una asfixia combinada de tarifas dolarizadas, caída libre del consumo y persecución burocrática. Cuando la libertad se reduce a la impunidad de las cuentas secretas para la elite gobernante, la justicia social es reemplazada por el cinismo de palacio.
