Bajo el ropaje de la seguridad interior y las exigencias internacionales de prevención delictiva, el gobierno de Javier Milei dio un paso institucional gravísimo que liquida el principio de inocencia y el derecho elemental de propiedad en la Argentina. A través de un proyecto remitido formalmente a la Cámara de Diputados, el Ejecutivo dispuso dotar a la Unidad de Información Financiera (UIF) de atribuciones directas para proceder al congelamiento inmediato de activos financieros, cuentas bancarias e inmuebles de cualquier ciudadano o empresa sin requerir autorización judicial ni fundamentar una imputación formal en sede penal.
El corazón del proyecto consagra una fórmula jurídica inquietante: la UIF podrá proceder al bloqueo patrimonial basándose en meras «sospechas razonables». Esto significa que un organismo administrativo, dependiente de las directivas políticas de turno, tendrá la capacidad discrecional de anular la vida económica y civil de cualquier argentino sin que intervenga un juez natural ni se le conceda a la persona afectada la posibilidad de defenderse previamente en un tribunal.
La propiedad privada como rehén del poder político La paradoja política es absoluta y demuele la impostura libertaria. Quienes llegaron al poder jurando que la propiedad privada era sagrada y que venían a «destruir el Leviatán estatal», crearon un mecanismo administrativo de confiscación preventiva que saltea todas las salvaguardas previstas en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Cualquier habitante del suelo patrio puede ser despojado temporal o indefinidamente de sus ahorros simplemente porque un burócrata gubernamental dictaminó que sus movimientos resultan sospechosos.
Especialistas en derecho constitucional y penal advirtieron a Info del Plata sobre el uso persecutorio que esta herramienta habilitará en un contexto de altísima conflictividad social. Con este dispositivo en vigencia, una huelga sindical, un reclamo vecinal por tarifas, el financiamiento de un partido opositor o la resistencia de un empresario PyME a liquidar divisas bajo las condiciones asfixiantes del Palacio de Hacienda podrían ser catalogados de manera arbitraria como actos pasibles de congelamiento de fondos bajo la etiqueta de desestabilización económica.
Disciplinamiento de la burguesía nacional y la organización popular La concentración de poder punitivo en el Estado no persigue a los carteles del narcotráfico internacional ni a los fondos de inversión que vacían las reservas: opera como un cerrojo disciplinador contra el tejido productivo y social argentino. La burguesía nacional, los comerciantes que reinvierten en el país y las estructuras gremiales que defienden el salario quedan a merced de una inquisición contable sin control judicial, donde el gobierno conserva el monopolio de decidir quién es culpable antes de que exista un juicio. La libertad, una vez más, fue sustituida por el miedo y la prepotencia burocrática.
