El presidente firmará un decreto para transferir el manejo integral de la vía navegable a un consorcio privado internacional. En consecuencia, el Estado perderá la capacidad de fiscalizar las exportaciones de granos y minerales.
La soberanía logística del país enfrenta un retroceso institucional mayúsculo. El Poder Ejecutivo ultima la privatización de la Hidrovía mediante un decreto de necesidad y urgencia. De este modo, la principal arteria fluvial quedará bajo control privado internacional por tres décadas.
La maniobra busca eludir de forma deliberada el debate en el Congreso Nacional. Asimismo, el consorcio adjudicatario podrá fijar tarifas de peaje en dólares sin topes oficiales. Por lo tanto, los costos logísticos para la producción nacional registrarán incrementos severos e inmediatos.
Los riesgos de la privatización de la Hidrovía
El río Paraná canaliza el ochenta por ciento del comercio exterior argentino. Sin embargo, el Estado renuncia a fiscalizar el tonelaje real de los buques cargueros. En consecuencia, las posibilidades de contrabando y evasión de divisas aumentarán de manera drástica.
Por este motivo, los gobernadores de las provincias ribereñas preparan reclamos administrativos conjuntos. Además, legisladores opositores anticiparon que denunciarán penalmente a los funcionarios firmantes. Por consiguiente, el decreto enfrentará una fuerte batalla judicial en los tribunales federales.
Dependencia económica por treinta años
El oficialismo promociona la medida bajo la premisa de la modernización técnica. No obstante, ninguna potencia desarrollada entrega el manejo de sus ríos interiores a terceros. En este sentido, la defensa del trabajo argentino exige el resguardo de las vías navegables. Finalmente, el pueblo debe defender sus recursos estratégicos frente al saqueo transnacional.
