La Justicia descubrió compras directas por 12.000 millones de pesos con valores triplicados respecto al mercado. Al mismo tiempo, miles de kilos de comida continúan arrumbados en depósitos oficiales.
El discurso oficial sobre la transparencia administrativa quedó desarticulado ante los tribunales federales. Una investigación penal confirmó graves sobreprecios en alimentos adquiridos por el Ministerio de Capital Humano. En consecuencia, la Fiscalía Federal solicitó la imputación formal de exfuncionarios del área de Niñez.
Las irregularidades detectadas abarcan licitaciones privadas por más de doce mil millones de pesos. Por este motivo, los peritos contables analizaron las facturas de proveedores adjudicados de urgencia. Los valores abonados por paquetes de arroz y fideos superaron el trescientos por ciento del precio de góndola.
Compras millonarias y mercadería almacenada
La maniobra contrasta de forma violenta con el desabastecimiento en los barrios populares. Cientos de comedores comunitarios siguen esperando la entrega de partidas básicas de mercadería seca. Asimismo, miles de toneladas de leche en polvo continúan almacenadas en los galpones estatales de Buenos Aires y Tucumán.
Por lo tanto, la retención deliberada de insumos provocó el vencimiento prematuro de lotes enteros. Sin embargo, las autoridades justificaban el recorte denunciando la existencia de comedores fantasmas. Además, los contratos directos beneficiaron a firmas recién inscriptas ante los organismos fiscales.
El derrumbe moral del relato libertario
De este modo, se comprueba la existencia de un circuito de compras opaco y discrecional. La pretendida lucha contra la intermediación social sirvió para montar negocios financieros afines. Por consiguiente, los sectores vulnerables pagan las consecuencias del vaciamiento alimentario. En este sentido, la ayuda social no puede administrarse con cinismo mercantil. Finalmente, la sociedad civil exige el esclarecimiento integral de los hechos.
