Por Redacción Info del Plata
Una tormenta de proporciones inéditas sacude a las economías regionales y al entramado del trabajo rural en todo el territorio argentino. La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) emitió un comunicado de alerta máxima denunciando que más de 120.000 trabajadores temporarios de cosecha quedaron desamparados y al borde de caer en la informalidad absoluta, como consecuencia directa de la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de dejar vencer el Decreto 514/2021 sin dictar su prórroga correspondiente.
La herramienta, sancionada originariamente para corregir una distorsión histórica del mercado laboral campesino, permitía que los cosecheros temporarios (conocidos como trabajadores golondrina) fueran registrados en blanco por los productores agrícolas sin perder el cobro de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Tarjeta Alimentar y los programas de contención social que perciben durante los meses en que no hay zafra.
La trampa de la informalidad forzada
Con la caída del decreto, el sistema vuelve al esquema perverso del pasado: si un cosechero es registrado formalmente por 60 o 90 días para levantar la fruta, la uva, el limón, el tabaco o el arándano, el sistema de ANSES le suspende de manera automática las asignaciones familiares. Al finalizar la cosecha y quedar cesante, el trámite para rehabilitar la asistencia social demora entre cuatro y seis meses, condenando a las familias campesinas a la indigencia durante el invierno.
La consecuencia inmediata ya se palpa en los campos de Tucumán, Río Negro, Mendoza, Misiones, Corrientes y Entre Ríos:
- Rechazo al blanqueo: Miles de peones exigen no ser registrados para no perder el ingreso básico que garantiza la subsistencia de sus hijos.
- Falta de mano de obra: Los productores de economías regionales advierten que las frutas y hortalizas corren riesgo de pudrirse en las plantas ante la imposibilidad de contratar personal registrado bajo el régimen legal vigente.
- Precarización y fraude laboral: Se dispara la desprotección ante accidentes de trabajo, eliminando la cobertura de ART y aportes a la obra social OSPRERA.
“Dejar caer el Decreto 514 no es un descuido administrativo: es empujar deliberadamente a más de 120.000 compatriotas al trabajo no registrado, destruyendo la dignidad del peón y perjudicando a las economías del interior que necesitan levantar la producción”, denunciaron desde la mesa directiva de UATRE.
El dogma del ajuste fiscal llega al surco
La parálisis en la renovación de la norma responde a la lógica de recorte fiscal indiscriminado que impone el ministro de Economía, Luis Caputo. Bajo el pretexto de auditar y recortar partidas sociales, la administración libertaria elimina un instrumento que no representaba un gasto adicional para las arcas públicas, sino un incentivo para la formalización y la recaudación previsional y sindical genuina.
Mientras la Casa Rosada publicita en foros empresariales una supuesta desregulación modernizadora, en los hechos reinstala condiciones de explotación laboral que la Argentina había comenzado a erradicar. En las provincias del norte y de Cuyo se multiplican las asambleas de trabajadores y productores que exigen a la Secretaría de Trabajo la firma inmediata del decreto para evitar una catástrofe social y productiva en plena temporada de cosecha.
