Mientras alquilar se vuelve imposible y los salarios siguen en caída, el Gobierno impulsa una reforma que vuelve a favorecer a los de siempre. La exención del impuesto a las Ganancias para los alquileres de viviendas podría aumentar hasta un 64% la rentabilidad de los propietarios, según un estudio privado.
De acuerdo con el IARAF, quienes hoy pagan la alícuota máxima pasarían de una rentabilidad neta del 3,19% al 5,22%. Un salto enorme que no incluye ninguna obligación de bajar precios ni de ampliar la oferta, pero sí implica que el Estado deje de recaudar para beneficiar al negocio inmobiliario.
El discurso oficial habla de “incentivar inversiones”, pero la realidad es otra: más ganancias para los dueños y ningún alivio para los inquilinos, que ya destinan gran parte de su sueldo al alquiler. Incluso el informe señala que, con este beneficio, alquilar sería más rentable que un plazo fijo en dólares.
El proyecto avanza en el Congreso y deja un mensaje claro: ajuste para trabajadores e inquilinos, alivio impositivo para los propietarios. Una política que profundiza la desigualdad y vuelve a mostrar de qué lado está el Gobierno.
