La licuación previsional como ancla del superávit El Gobierno Nacional volvió a confirmar que el bono extraordinario de recomposición para los haberes mínimos previsionales continuará congelado en $70.000 durante el próximo calendario de pagos. La cifra, establecida de manera fija a principios de 2024, acumula más de dos años de erosión inflacionaria ininterrumpida sin sufrir una sola actualización nominal.
La decisión administrativa impacta directamente sobre más de 4,5 millones de jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo y que dependen exclusivamente de esta asignación fija para complementar sus golpeados ingresos mensuales.
Una pérdida real que supera el 20% del poder de compra De acuerdo con los relevamientos de los institutos de medición previsional, la combinación de aumentos por movilidad que no compensan el costo de vida real con el congelamiento sistemático del bono provocó un desplome superior al 20% en la capacidad de compra de la clase pasiva.
Mientras la canasta básica del jubilado —que incluye alimentos de primera necesidad, servicios de vivienda y un fuerte componente de medicamentos desregulados— supera ampliamente los montos actuales, la mínima se hunde por debajo de los umbrales de la indigencia. Para amplios sectores de la tercera edad, la compra de tratamientos médicos crónicos se convirtió en un lujo inalcanzable, obligando a discontinuar remedios o depender de la asistencia familiar.
El costo humano del modelo económico Desde las organizaciones de jubilados y sindicatos repudiaron la medida, advirtiendo que el esquema económico utiliza a la clase pasiva como la principal variable de ajuste para mostrar cuentas públicas equilibradas.
La negativa a actualizar el bono contrasta abiertamente con las exenciones impositivas y beneficios otorgados al sector financiero concentrado. Sin una política de recomposición real de los haberes, el ajuste previsional se consolida como una verdadera condena a la miseria para quienes trabajaron y construyeron la Argentina durante toda su vida.
