La presencia del buque petrolero VS Promise, que opera bajo bandera británica registrada en la Isla de Man, desató un conflicto de enormes proporciones en Tierra del Fuego. La embarcación dedicada al transporte de crudo atracó en el muelle comercial del Puerto de Ushuaia para tareas de reaprovisionamiento técnico tras haber cargado en la monoboya marina de Río Cullen, en el norte de la Isla Grande.
El hecho provocó la reacción inmediata del gobierno provincial encabezado por Gustavo Melella, que emitió un duro comunicado de repudio y confirmó que recurrirá a la Justicia para denunciar la violación de normativas de resguardo soberano.
Un puerto intervenido por la Nación y de espaldas a Malvinas
La polémica adquiere un tenor institucional aún más grave debido a que el Puerto de Ushuaia no está bajo control fueguino: fue intervenido de forma unilateral en enero pasado por el Poder Ejecutivo Nacional mediante la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN).
Desde la administración provincial recordaron que la Ley Provincial N° 852 (denominada “Ley Gaucho Rivero”) prohíbe expresamente la permanencia, amarre y abastecimiento de buques británicos o de empresas vinculadas a la explotación ilegítima de hidrocarburos en las islas y espacios marítimos circundantes.
“Se intervino el puerto invocando razones de soberanía y, una vez intervenido, la Casa Rosada adopta decisiones absolutamente incompatibles con la sensibilidad y el mandato soberano de nuestro pueblo”, fustigaron desde la gobernación. El petrolero inglés amarró a pocos metros del Monumento a los Caídos en Malvinas, generando indignación en veteranos de guerra y organizaciones sociales.
Explicaciones oficiales y entrega estratégica
Frente al escándalo, las autoridades de la intervención nacional intentaron desligarse alegando que el buque venía de operar en aguas territoriales de Tierra del Fuego y no directamente de la cuenca Malvinas, justificando así la habilitación comercial y técnica del atraque.
Sin embargo, el atraque de una embarcación con pabellón del Reino Unido en la capital de la provincia que tiene parte de su territorio usurpado por el colonialismo británico sienta un precedente inadmisible. La sumisión exterior de la actual gestión libertaria no solo pone en jaque la diplomacia histórica sobre Malvinas, sino que rifa el control operativo y la custodia de los puertos estratégicos del Atlántico Sur.
