A partir de este 31 de agosto, el sistema financiero argentino pondrá en funcionamiento el esquema de “Cobros por Transferencia” (CCT), dispuesto por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Con este instrumento, tanto los bancos tradicionales como los proveedores de servicios de pago y billeteras virtuales contarán con la herramienta técnica para debitar de forma directa de las cuentas los saldos correspondientes a cuotas de préstamos vencidas.
La normativa estipula que el sistema operará bajo consentimiento otorgado por el usuario al momento de suscribir el crédito y exigirá que las entidades avisen con 24 horas de anticipación antes de aplicar el débito. Asimismo, se limitan las ejecuciones a un intento original y dos reintentos automáticos (a las 48 y 96 horas) en caso de fondos insuficientes, siempre bajo la condición de montos fijos pactados previamente.
El drama social del endeudamiento para llegar a fin de mes
La puesta en marcha de este mecanismo coincide con un pico alarmante en los índices de morosidad y atrasos de pago en todo el país. La combinación de salarios licuados, jubilaciones congeladas y subas permanentes en tarifas públicas, transporte y alimentos empujó a vastos sectores de la clase media y trabajadora a financiarse con créditos personales y tarjetas únicamente para costear la subsistencia mensual.
En este contexto, el esquema del BCRA busca dotar de previsibilidad al recupero de acreencias para las entidades crediticias, en un mercado atomizado donde el usuario promedio maneja múltiples aplicaciones financieras.
Bancos y financieras: el negocio asegurado
Pese a los reparos operativos de algunas entidades respecto a los límites de ejecución, el sistema blinda la cobranza de las financieras y plataformas fintech, garantizando que el dinero que ingrese a las cuentas de los titulares de crédito sea absorbido de inmediato para cancelar pasivos financieros.
El escenario expone con crudeza la realidad económica del país: mientras las familias argentinas se desangran para cubrir la canasta básica, los instrumentos regulatorios se concentran en salvaguardar la rentabilidad de las corporaciones financieras antes que recomponer los ingresos del pueblo trabajador.
