Miles de profesionales y familias marcharon al Parlamento para exigir la sanción de la ley de emergencia. Denuncian que el congelamiento de pagos interrumpió la atención de pacientes en todo el territorio nacional.
Una multitud de terapeutas y familias colmó las puertas del Parlamento esta mañana. La movilización exige el tratamiento urgente de la emergencia en discapacidad. Los manifestantes denunciaron la paralización de servicios médicos fundamentales en todas las provincias.
El sector arrastra demoras de más de medio año en la cancelación de prestaciones básicas. Por este motivo, centros de día y servicios de transporte debieron cesar sus actividades. Asimismo, los honorarios profesionales continúan perdiendo terreno frente al avance de los precios cotidianos.
El drama de interrumpir tratamientos indispensables
La falta de respuestas estatales afecta directamente el desarrollo de niños y jóvenes. Miles de chicos con autismo o parálisis cerebral se quedaron sin sus sesiones terapéuticas. En consecuencia, las familias experimentan una angustia insostenible al ver interrumpida la rehabilitación.
Sin embargo, las autoridades de la Agencia Nacional de Discapacidad demoran las auditorías técnicas. El ajuste generalizado en los programas sociales descarga su rigor sobre los sectores desprotegidos. Además, las obras sociales recortan autorizaciones apelando a la falta de giros del Tesoro.
Una causa humanitaria que interpela al poder
De este modo, los legisladores de diferentes bloques acordaron avanzar con una sesión especial. Por consiguiente, la aprobación de la emergencia busca garantizar la continuidad del financiamiento público. En este sentido, la dignidad de las personas no admite dilaciones burocráticas ni mezquindades contables. Finalmente, la sociedad civil acompaña un reclamo que apela al corazón de la Nación.
