Después de fracasar una y otra vez en el Senado, La Libertad Avanza retrocedió con su intento de eliminar completamente los límites, pero ahora negocia ampliar del 15% al 25% el máximo permitido para la propiedad extranjera de tierras rurales. El oficialismo modifica el proyecto buscando votos aliados mientras vuelve a poner en discusión un recurso estratégico de la Nación.
La discusión por la Ley de Tierras volvió a encender una alarma política y económica en la Argentina. El Gobierno de Javier Milei, después de no conseguir los votos necesarios para avanzar con su propuesta original, modificó el proyecto y ahora busca elevar del 15% al 25% el límite de tierras rurales que pueden quedar bajo titularidad extranjera.
No se trata de un detalle menor ni de una simple corrección legislativa. El cambio implicaría ampliar en diez puntos porcentuales el techo vigente para la participación extranjera sobre un recurso que atraviesa producción, alimentos, agua, minería, energía y soberanía territorial.
La administración libertaria había comenzado con una posición todavía más extrema: eliminar prácticamente las restricciones que establece la legislación actual. Sin embargo, los sucesivos fracasos para reunir apoyo parlamentario obligaron al oficialismo a cambiar de estrategia.
Ahora Milei no consiguió borrar el límite, pero intenta subirlo.
DEL 15% AL 25%: LA NEGOCIACIÓN QUE ENCENDIÓ LA POLÉMICA
La nueva redacción que circuló entre bloques aliados establecería una prohibición para que personas humanas o jurídicas extranjeras superen el 25% de las tierras rurales en cada provincia.
Actualmente, la legislación establece un máximo del 15%.
El cambio representa una flexibilización considerable y vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta elemental: ¿hasta dónde debe permitirse que el territorio productivo argentino quede bajo propiedad de capitales extranjeros?
Mientras millones de familias enfrentan dificultades para pagar un alquiler, acceder a una vivienda o sostener una pequeña producción, el Gobierno concentra energía política en ampliar el margen disponible para compradores del exterior.
Esa contradicción golpea de lleno contra el discurso de una Argentina que necesita recuperar capacidad productiva, empleo y desarrollo nacional.
Desde una mirada nacional y popular, la tierra no puede analizarse solamente como una mercancía. Es producción, alimentos, recursos naturales y soberanía.
EL GOBIERNO CAMBIÓ EL PROYECTO PORQUE NO TENÍA LOS VOTOS
El nuevo texto no apareció por una inesperada preocupación del Gobierno por proteger el territorio nacional. Llegó después de reiterados tropiezos políticos.
La Libertad Avanza viene intentando destrabar la iniciativa en el Senado y encontró resistencia incluso entre sectores que suelen acompañar al oficialismo. La propuesta pasó por numerosos borradores y modificaciones mientras Patricia Bullrich intenta conseguir los apoyos necesarios para llevarla nuevamente al recinto.
Hasta el fin de semana, las cuentas del oficialismo seguían siendo extremadamente ajustadas.
Por eso apareció la concesión.
Donde originalmente Federico Sturzenegger pretendía terminar con los límites, ahora el Gobierno acepta mantener un techo, pero pretende llevarlo hasta el 25%.
El volantazo deja una imagen política difícil de ocultar: el supuesto Gobierno que prometía no negociar sus ideas terminó modificando una pieza central del proyecto cuando comprobó que los números del Senado no cerraban.
LA TIERRA ARGENTINA NO ES UNA VARIABLE DE AJUSTE PARLAMENTARIO
El problema excede una votación.
Argentina posee algunas de las mayores reservas agrícolas, minerales, energéticas e hídricas del planeta. En ese contexto, discutir quién puede comprar y controlar enormes extensiones de territorio constituye una cuestión estratégica para cualquier proyecto nacional.
No debería depender únicamente de conseguir dos votos más en una sesión.
Menos todavía cuando existen regiones donde la presencia extranjera sobre la tierra ya genera controversias por el dominio de áreas vinculadas con recursos naturales estratégicos.
El Gobierno presenta estas reformas bajo la bandera de atraer inversiones. Sin embargo, inversión extranjera y extranjerización del territorio no son necesariamente la misma cosa.
Una Nación puede recibir capital, tecnología y empresas sin renunciar a establecer límites sobre la propiedad de sus recursos fundamentales.
BULLRICH BUSCA DESTRABAR OTRA BATALLA DEL MILEÍSMO
Patricia Bullrich quedó nuevamente en el centro de la operación parlamentaria.
La senadora busca ordenar al bloque libertario, negociar con aliados y conseguir los votos que permitan aprobar una iniciativa que ya acumuló sucesivas postergaciones.
El escenario se volvió todavía más incómodo porque Victoria Villarruel manifestó diferencias con el proyecto impulsado por Federico Sturzenegger. Ante una eventual votación extremadamente pareja, cada movimiento dentro del Senado podría resultar decisivo.
La Libertad Avanza necesita mostrar una victoria política. Para conseguirla, fue dejando atrás partes de su proyecto inicial y ofreciendo modificaciones a sectores aliados.
Pero detrás de la rosca parlamentaria existe algo mucho más grande que una pelea entre senadores.
Está la tierra argentina.
SOBERANÍA O MERCADO: UNA DISCUSIÓN QUE LA ARGENTINA NO PUEDE TOMAR A LA LIGERA
El debate que pretende instalar el Gobierno toca una fibra histórica del pensamiento nacional: los recursos estratégicos de un país no pueden quedar subordinados exclusivamente a las necesidades del mercado.
La soberanía política, la independencia económica y la justicia social requieren también capacidad para decidir qué ocurre con el territorio donde una Nación produce, trabaja y se desarrolla.
El Gobierno de Milei eligió otro camino. Primero quiso eliminar las restricciones. Como no consiguió los votos, ahora intenta ampliar considerablemente el límite existente.
La discusión llegará nuevamente al Senado y los legisladores deberán definir hasta dónde están dispuestos a acompañar esa transformación.
Porque detrás de porcentajes, negociaciones y borradores hay una pregunta mucho más sencilla.
¿La tierra argentina debe ser únicamente una oportunidad de inversión o un patrimonio estratégico que también merece ser protegido para las próximas generaciones?
