Después del desgaste por la ley de propiedad privada y las marchas atrás que golpearon al oficialismo, la Casa Rosada vuelve a revisar su estrategia legislativa. Gobernadores que ya no acompañan automáticamente, peleas internas y una economía socialmente tensionada complican el plan libertario.
El Gobierno de Javier Milei vuelve a sentarse alrededor de una mesa para discutir qué hacer con su agenda en el Congreso. Otra vez. Después de más de dos años y medio de gestión, el oficialismo enfrenta un problema que ya no puede disimular con discursos, publicaciones en redes sociales ni fotografías de unidad: cada vez le cuesta más conseguir los votos que necesita para avanzar con sus reformas.
La llamada mesa política libertaria tiene previsto revisar nuevamente las prioridades legislativas luego del desgaste sufrido en el Senado con el proyecto sobre propiedad privada. La iniciativa terminó recortada, perdió capítulos sensibles y dejó expuestas las dificultades de la Casa Rosada para sostener acuerdos que hasta hace poco parecían garantizados.
EL CONGRESO LE MARCA LOS LÍMITES A LA MOTOSIERRA
La situación deja una señal política incómoda para Milei. El Gobierno puede impulsar proyectos, presionar públicamente y exigir acompañamiento, pero sin votos propios suficientes depende de gobernadores y bloques dialoguistas que comenzaron a cuidar mucho más sus propios intereses.
Ese cambio puede convertirse en uno de los principales dolores de cabeza de la administración libertaria. Tucumán, Catamarca, Salta, Misiones, Neuquén, Chubut y Corrientes estuvieron entre las provincias que no garantizaron respaldo a algunos de los puntos más controvertidos del proyecto oficial.
Ya no alcanza, entonces, con presentar cada reforma como una batalla entre quienes acompañan al Presidente y quienes supuestamente se oponen al cambio. En el Congreso aparecen intereses provinciales, necesidades presupuestarias y cálculos electorales que la Casa Rosada necesita negociar si pretende conseguir mayorías.
Mientras tanto, la realidad económica y social agrega presión. Con familias contando cada peso, comercios tratando de sostener ventas y provincias reclamando recursos, la política vuelve a demostrar algo elemental: gobernar la Argentina requiere bastante más que decretos y confrontación permanente.
STURZENEGGER, EN EL CENTRO DE LA TORMENTA
Federico Sturzenegger también quedó bajo presión dentro del propio oficialismo. El ministro de Desregulación acumuló cuestionamientos después del conflicto generado por el decreto sobre practicaje, que derivó en una paralización de los puertos durante cuatro días y terminó con el Gobierno dando marcha atrás.
A ese episodio se agregó el costo político del proyecto de propiedad privada. La propuesta llegó al Senado con aspiraciones mucho mayores, pero durante su tratamiento quedaron afuera cuestiones vinculadas con barrios populares, la Ley de Tierras y el manejo del fuego.
El resultado dejó una postal difícil para el relato oficial: el Gobierno que llegó prometiendo avanzar sin negociar terminó modificando su propia iniciativa para conseguir los votos necesarios.
Javier Milei salió públicamente a respaldar a Sturzenegger mediante un mensaje relacionado con la desregulación aerocomercial. Sin embargo, la participación del ministro en la nueva reunión política refleja que su agenda deberá atravesar ahora un filtro interno antes de convertirse en prioridad legislativa.
KARINA MILEI Y EL PODER LIBERTARIO BUSCAN ORDENAR LA TROPA
En ese escenario aparece nuevamente Karina Milei como una figura central de la conducción oficialista. También forman parte del esquema político nombres como Santiago Caputo, Diego Santilli, Martín Menem, Eduardo “Lule” Menem, Patricia Bullrich y Luis Caputo.
La fotografía que intenta proyectar la Casa Rosada es la de un Gobierno ordenando prioridades. Sin embargo, detrás de esa imagen asoman las dificultades para mantener cohesionados los distintos sectores del oficialismo y sostener simultáneamente los acuerdos con fuerzas externas.
Las tensiones no son nuevas. Durante los últimos meses, el Gobierno necesitó mostrar reiteradamente señales públicas de unidad entre dirigentes que mantienen diferencias políticas y de poder.
Ahora el problema es todavía más profundo porque la discusión dejó de ser únicamente interna. La Casa Rosada necesita reconstruir puentes con gobernadores y legisladores que ya demostraron que no están dispuestos a acompañar cualquier proyecto simplemente porque lo reclame Milei.
EL GOBIERNO QUIERE MÁS REFORMAS, PERO NECESITA LOS VOTOS
Entre las próximas prioridades aparecen la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y una segunda versión del proyecto denominado Inocencia Fiscal. Para avanzar con esas iniciativas, el oficialismo deberá negociar nuevamente en Diputados.
El Senado también conserva asuntos reclamados por el Ejecutivo. Allí aparece una nueva iniciativa vinculada al RIGI, mientras continúan las conversaciones por una eventual reforma electoral.
Cada proyecto obliga al Gobierno a reconstruir mayorías prácticamente desde cero. Esa metodología comienza a mostrar desgaste porque los gobernadores saben que sus votos tienen valor y, en un escenario electoral, ninguno quiere entregar respaldo sin obtener respuestas para su provincia.
Por eso la crisis legislativa excede ampliamente una discusión sobre Sturzenegger. El verdadero problema está en la estrategia política de Milei.
MILEI DESCUBRE QUE LA POLÍTICA NO SE MANEJA A LOS GRITOS
La administración libertaria construyó buena parte de su identidad señalando a la política tradicional como responsable de los problemas argentinos. Sin embargo, ahora necesita justamente aquello que durante mucho tiempo cuestionó: negociación, acuerdos, construcción de mayorías y diálogo con gobernadores.
La contradicción empieza a hacerse evidente. Cuando los aliados acompañan, el Gobierno celebra el consenso. Cuando ponen límites, rápidamente aparecen las acusaciones contra quienes no aceptan alinearse detrás de la Casa Rosada.
Ese esquema puede haber funcionado durante determinados momentos de la gestión, pero cada nuevo debate parlamentario demuestra que tiene límites.
Argentina no es una empresa dirigida desde una oficina ni el Congreso funciona como una escribanía del Poder Ejecutivo. Diputados y senadores representan provincias, espacios políticos e intereses diferentes. Pretender reemplazar la negociación por obediencia termina generando exactamente el escenario que hoy enfrenta Milei.
UN GOBIERNO QUE VUELVE A EMPEZAR
La escena resulta contundente: el oficialismo vuelve a revisar su agenda legislativa porque la anterior estrategia comenzó a crujir.
No se trata solamente de ordenar proyectos. Tampoco alcanza con cambiar una campaña de comunicación. El problema es político.
Mientras millones de argentinos atraviesan una situación económica difícil, el Gobierno consume energía tratando de recomponer acuerdos que creyó permanentes y administrando internas dentro de su propio espacio.
La llamada libertad económica prometida por Milei choca ahora con una realidad mucho menos cómoda: sin consenso político no hay reforma que sobreviva al Congreso.
Y cuando gobernadores que alguna vez fueron considerados aliados empiezan a marcar distancia, la pregunta deja de ser cuál será la próxima ley libertaria.
La pregunta es cuánto margen político le queda al Gobierno para seguir avanzando como si nada hubiera pasado.
