Una de las tramas de lavado de dinero y fraude biométrico más sofisticadas y perversas del país quedó al descubierto en los tribunales de La Plata. Tras una minuciosa investigación encabezada por la fiscal Betina Lacki y agentes del Departamento Delitos Fiscales de la Policía Federal Argentina, la Justicia desarticuló una organización ilícita que movió más de $27.000 millones provenientes de plataformas clandestinas de apuestas y casinos virtuales ilegales.
El expediente derivó en la detención de Albertina Mangini, abogada con más de 17 años de antigüedad en el Poder Judicial bonaerense dependiente de la Procuración General, junto a operadores financieros y financistas vinculados a cuevas de cambio de la capital bonaerense.
El modus operandi: comprar la identidad del desamparado
La estructura criminal montó un dispositivo de captación centrado en personas en situación de extrema vulnerabilidad social, personas desocupadas y liberados. En locales comerciales y bares céntricos de la ciudad de La Plata (como en la intersección de 7 y 56), los intermediarios ofrecían sumas de entre $40.000 y $80.000 a cambio de sacarse fotografías de rostro, entregar copias del DNI y permitir el escaneo de datos biométricos de sus pupilas.
Con esa información biométrica y personal obtenida fraudulentamente, la banda tramitaba altas automáticas en entidades bancarias digitales y billeteras virtuales. A través de estas cuentas fantasmas —que funcionaban como verdaderas “mulas financieras digitales”— hacían circular flujos ininterrumpidos de dinero negro generado por plataformas de juego online no reguladas, evitando los alertas tempranos de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la fiscalización del Estado.
Allanamientos, divisas y armas de guerra
Durante los procedimientos ordenados por el Juzgado de Garantías N° 6, la Policía Federal secuestró millones de pesos en efectivo, fajos de dólares estadounidenses, divisas extranjeras, teléfonos celulares encriptados, computadoras para validación biométrica y armas de fuego sin registración legal, abriéndose actuaciones paralelas por tenencia de armas de guerra.
Desde los organismos judiciales se aclaró de forma taxativa que la funcionaria involucrada revistaba funciones en el ámbito de la Procuración General y no poseía dependencia alguna con el Ministerio de Justicia ni con el Patronato de Liberados provincial, desmintiendo intentos de utilización política del caso.
La condena doctrinaria de Info del Plata
Para la doctrina justicialista de Info del Plata, este caso sintetiza la crueldad intrínseca del capitalismo salvaje y desregulado. Convertir la extrema necesidad económica de los compatriotas más humildes en un insumo descartable para garantizar la impunidad de la timba financiera constituye una aberración ética y social.
El peronismo sostiene que el trabajo digno y la movilidad social ascendente son los únicos ordenadores legítimos de la vida comunitaria. Cuando el Estado retrocede o cuando funcionarios prevarican usando su conocimiento técnico para el delito, la patria sufre. La Justicia debe castigar con el máximo rigor a los responsables de esta estafa moral y financiera, garantizando que el dinero ilícito sea incautado y que la dignidad de los sectores vulnerables no vuelva a ser objeto de comercio delictivo.
