El estrangulamiento económico que padece la clase trabajadora argentina ingresó en su capítulo más crítico dentro de los hogares. De acuerdo con los balances técnicos de entidades financieras y los reportes de mora del Banco Central, más del 50% de las operaciones de crédito en pesos destinadas a personas físicas se encuentra en situación de irregularidad o directamente frenada por insolvencia. Lo que el Gobierno publicita como equilibrio fiscal y desaceleración de precios encubre una realidad dramática: millones de familias debieron recurrir al endeudamiento con tarjetas, préstamos de billeteras virtuales y créditos personales para costear alimentos de primera necesidad, remedios y tarifas de servicios públicos dolarizadas.
La combinación de salarios licuados frente a la inflación y la desregulación absoluta de las tasas de interés por parte del Palacio de Hacienda convirtió a la deuda familiar en una trampa impagable. Con Costos Financieros Totales (CFT) que en el segmento de financiamiento de tarjetas de crédito superan holgadamente el 140% anual, los ingresos de los hogares son absorbidos por el pago mínimo de los resúmenes, empujando a cientos de miles de asalariados, monotributistas y jubilados a los registros de deudores incobrables.
La ofensiva parlamentaria por el rescate social Ante la dimensión social del colapso, el Congreso de la Nación se convirtió en la caja de resonancia del reclamo popular. Diversos bloques de la oposición unificaron cerca de treinta iniciativas legislativas en la Cámara de Diputados para declarar de forma urgente la Emergencia Crediticia Familiar.
