La jueza porteña Laura Beatriz De Marinis asestó un golpe demoledor a la agenda penal del oficialismo al declarar la inconstitucionalidad de la reforma que habilitaba el encarcelamiento de menores a partir de los 14 años. En una resolución tajante, la magistrada dispuso el sobreseimiento y la libertad inmediata de un joven de 14 años imputado en una causa correccional, advirtiendo que la normativa impulsada por el Poder Ejecutivo vulnera de forma abierta la Constitución Nacional, el principio de progresividad y los estándares de la Convención sobre los Derechos del Niño.
El dictamen judicial desarmó los argumentos del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Justicia de la Nación, remarcando que el Estado no puede responder al deterioro social con un endurecimiento punitivo que desconoce garantías elementales consagradas internacionalmente. La jueza fundamentó que encerrar adolescentes en institutos penales sin infraestructura ni programas de reinserción constituye un agravamiento ilegal de las condiciones de detención que viola el artículo 18 de la Carta Magna.
Furia oficialista y apriete a la magistratura
La respuesta de la Casa Rosada y sus aliados porteños no tardó en llegar: en lugar de acatar las disposiciones republicanas de división de poderes, voceros y legisladores libertarios salieron en jauría mediática a tildar el fallo de “garantismo cómplice” y formalizaron un pedido de juicio político contra De Marinis.
La intolerancia oficialista frente a los fallos adversos evidencia el nerviosismo de una administración que necesita fabricar chivos expiatorios a diario para disimular la catástrofe económica. Cuando el relato libertario choca contra los límites de la ley y las garantías constitucionales, la respuesta invariable es la descalificación personal y la amenaza de remoción de los jueces que no firman sus decretos de facto.
El costo humano: desfinanciar la escuela para financiar calabozos
Mientras el gobierno de Milei paraliza la entrega de alimentos a los comedores comunitarios, pulveriza los presupuestos universitarios y ahoga los programas barriales de contención y deporte, destina partidas millonarias para la construcción y adecuación de celdas juveniles. El punitivismo abstracto es el reverso necesario del ajuste fiscal: recortan en vida digna para gastar en represión.
La verdadera delincuencia organizada que carcome al país opera a través del narcotráfico internacional, la evasión multimillonaria y el lavado de activos en cuevas financieras que gozan de desregulación total bajo el amparo libertario. Sin embargo, el aparato estatal prefiere descargar todo el peso punitivo sobre menores vulnerables que crecieron en hogares donde el trabajo fue destruido por las políticas de desindustrialización y timba financiera.
Ni un paso atrás en la defensa de la niñez
La justicia social no es una consigna abstracta: es la base indispensable de la seguridad ciudadana. Como enseñaba la doctrina peronista, “los únicos privilegiados son los niños”. La sociedad argentina no resolverá sus problemas de convivencia social bajando la edad penal para satisfacer a los algoritmos de las redes sociales, sino restituyendo el salario familiar, garantizando escuelas con doble jornada, talleres de oficios y fábricas abiertas que devuelvan la esperanza a cada barrio de la Patria.
