La motosierra no distingue entre privilegios y necesidades básicas. En una nueva embestida contra el nivel de vida de los argentinos, el Gobierno avanza con la eliminación del régimen de “Zona Fría”, una política de protección tarifaria que amortiguaba el costo del gas en las regiones de bajas temperaturas de la Provincia de Buenos Aires. El resultado de esta frialdad técnica será brutal: más de 1.240.000 hogares sufrirán un incremento directo del 50% en sus facturas.
La estufa apagada o la heladera vacía Para el gobierno, la calefacción parece ser un bien suntuario. Sin embargo, para un jubilado bonaerense que cobra la mínima, prender la estufa en pleno julio es una cuestión de supervivencia. Al desmantelar este subsidio, el oficialismo condena a los adultos mayores y a las familias trabajadoras a una disyuntiva dramática e inmoral: pagar el gas para no morir de frío, o usar esa plata para comprar comida.
El daño colateral a la economía real Esta medida no solo pulveriza la justicia social, sino que atenta contra el corazón del modelo productivo. La plata que un trabajador bonaerense destina a pagar facturas de gas a precios internacionales es plata que ya no gasta en el almacén de su barrio, en la pizzería o en la compra de calzado. Las PyMEs y los comercios locales, esa burguesía nacional que genera el verdadero empleo, observan con espanto cómo el mercado interno se desintegra para subsidiar las ganancias extraordinarias de un puñado de corporaciones energéticas.
Gobernar detrás de una planilla de Excel, ignorando el rostro de quienes sufren el ajuste, no es un acto de valentía fiscal; es un acto de profunda insensibilidad humana.
