En la Argentina de hoy, el sacrificio es para las mayorías y los negocios son para unos pocos. Mientras el gobierno de Javier Milei le exige a los jubilados que ajusten sus estómagos y a los trabajadores que acepten la pérdida de su poder adquisitivo en nombre de la “libertad”, en los despachos oficiales se firman acuerdos que comprometen el patrimonio de todos los argentinos durante las próximas décadas.
De manera exprés y sin pasar por el Congreso Nacional, el Ejecutivo acaba de extender la concesión de Aeropuertos Argentina hasta el lejano año 2049. A cambio de una promesa de inversión de 600 millones de dólares —cifra que en la historia de las privatizaciones argentinas rara vez se controla o se cumple a rajatabla—, el Gobierno le entrega a un grupo privado el control absoluto de nuestra infraestructura aeroportuaria por 23 años.
La doble moral del modelo libertario queda al descubierto. Por un lado, llevan adelante una feroz campaña para desprestigiar, desfinanciar y eventualmente rematar a nuestra aerolínea de bandera, Aerolíneas Argentinas, argumentando que “el Estado no debe intervenir”. Pero por otro, el mismo Estado interviene activamente para blindarle un negocio monopólico y cautivo a un concesionario privado hasta mediados de siglo.
Los aeropuertos no son simples shoppings con pistas de aterrizaje; son la puerta de entrada logística del país, recursos geoestratégicos fundamentales para la defensa y el desarrollo federal. Atar el destino de nuestros cielos a la rentabilidad de un grupo empresario amigo es una claudicación inaceptable. No están gestionando el país, lo están liquidando por piezas. Y la factura de este remate la pagarán nuestros hijos y nietos.
