Para la planilla de cálculo de la Casa Rosada, el frío patagónico, las heladas cuyanas o las olas de calor del norte argentino son simplemente números prescindibles. Con la excusa del déficit cero, el gobierno de Javier Milei ejecutó una poda despiadada de más de $200.000 millones sobre los fondos destinados al régimen de Zonas Frías, dejando a millones de usuarios residenciales, pequeños comercios y talleres de provincias enteras al borde de la asfixia económica.
La medida no solo atenta contra el bolsillo popular, sino que desmantela una conquista histórica de equilibrio territorial. Calefaccionarse en zonas de bajas temperaturas extremas no es un privilegio: es una condición básica de supervivencia biológica y de arraigo poblacional. Hoy, un jubilado de Santa Cruz, Mendoza, La Pampa o el sur de la provincia de Buenos Aires debe destinar más de la mitad de su haber mensual para abonar una sola boleta de gas, eligiendo entre calentarse o alimentarse.
En paralelo, la promesa oficial de implementar una compensación para las “Zonas Cálidas” mediante una simple resolución ministerial encendió las alarmas en el Congreso. Diputados de extracción federal y bloques provinciales ya advirtieron que una resolución administrativa es un cheque en blanco que el Ejecutivo puede anular de un plumazo cuando necesite cerrar el balance de fin de mes. Por eso, crece la presión legislativa para imponer el beneficio por ley, ante la desconfianza generalizada hacia la palabra presidencial.
Este esquema consagra un unitarismo fiscal salvaje: los recursos energéticos se extraen del suelo de las provincias, pero las decisiones sobre tarifas y subsidios se concentran en despachos porteños desconectados del territorio. Mientras se premia a los monopolios energéticos con tarifas desreguladas en dólares, a los argentinos del interior se los condena a soportar la inclemencia climática en la más absoluta soledad.
