Bajo la premisa dogmática del equilibrio fiscal a cualquier costo, el Ministerio de Economía puso en marcha la maquinaria para desprenderse de las joyas energéticas que sostienen el sistema interconectado nacional. El programa incluye la venta de la participación estatal en las centrales termoeléctricas Manuel Belgrano (Campana) y General San Martín (Timbúes) —dos plantas de ciclo combinado fundamentales para el suministro eléctrico del cordón industrial y metropolitano—, junto con la liquidación de activos de Enarsa por un monto que ronda los 800 millones de dólares.
Como si el desprendimiento de la infraestructura estratégica fuera insuficiente, el gobierno sumó al paquete de transferencias la entrega de la gestión y explotación comercial del histórico Palacio Nacional de las Artes, conocido popularmente como el Palais de Glace. La enajenación no distingue entre megavatios y patrimonio histórico: todo lo que tenga valor público es susceptible de ser canjeado por divisas de liquidación inmediata.
Centrales clave a precio de saldo
Las centrales Belgrano y San Martín fueron construidas a través del esquema de los fondos FONINVEMEM para superar el déficit de generación heredado tras la crisis del 2001. Hoy representan más de 1.600 megavatios de potencia instalada confiable. Desprenderse de estas instalaciones en un contexto de recesión inducida equivale a venderlas a precio vil:
- Pérdida de capacidad regulatoria: Al transferir las plantas al capital privado concentrado, el Estado resigna la capacidad de fijar costos de generación testigos, dejando a Cammesa y a todo el sistema a merced de la cartelización de tarifas.
- Impacto directo en la boleta domiciliaria: La privatización de la generación se traduce automáticamente en la dolarización total del costo de la energía, encareciendo el servicio eléctrico para usuarios residenciales, pequeños comercios y talleres de barrio.
- Liquidación de Enarsa: La empresa estatal que garantizó el tendido de los gasoductos troncales y la importación de gasoil en picos de invierno queda desmantelada, eliminando la herramienta de soberanía logística que evitaba cortes masivos de energía.
La entrega cultural como símbolo de época
El traspaso de la explotación del Palais de Glace al sector privado consuma una afrenta a la memoria colectiva. El emblemático edificio de Recoleta, testigo de la evolución del arte plástico argentino y cuna del tango fundacional, pasa a concebirse como una unidad de negocios gastronómica y comercial.
El modelo libertario asume la cultura no como un derecho del pueblo ni como un elemento de identidad soberana, sino como un gasto que debe autofinanciarse o tercerizarse. Se rifa el acervo cultural mientras se destruye la producción nacional: una política de coloniaje integral que achica el horizonte espiritual y material de los argentinos.
El costo social sobre los más vulnerables
La contracara de este remate de activos no es el bienestar general, sino el estrangulamiento de los sectores que perciben ingresos fijos. Para un jubilado que cobra el haber mínimo o una familia asalariada, la entrega de las centrales eléctricas significa que las boletas de luz consumirán más del 25% de sus ingresos mensuales, obligándolos a privarse de calefacción o de alimentación digna.
La doctrina peronista concibió históricamente a la energía como un factor estratégico de liberación y desarrollo social, no como una mercancía para el lucro de intermediarios financieros. Desde la creación de Gas del Estado hasta la expansión de Agua y Energía Eléctrica, la premisa fue clara: sin energía barata nacional no hay industria que sobreviva ni pueblo digno. El gobierno de Milei desanda ese camino soberano, dejando una Argentina desguazada, a oscuras y a merced de corporaciones extranjeras.
