En las aguas usurpadas del Atlántico Sur no hay retórica ni consignas de redes sociales: hay buques de exploración, plataformas de extracción y un puente aéreo consolidado que burla de punta a punta la legislación argentina. La empresa Navitas Petroleum completó las etapas regulatorias para iniciar la explotación a gran escala del proyecto Sea Lion, una reserva ubicada a unos 220 kilómetros al norte de la Isla Soledad, calculada en más de 300 millones de barriles de crudo de alta calidad. Se trata de un botín energético que generará miles de millones de dólares para la corona británica y las compañías asociadas, utilizando recursos que se encuentran en la plataforma continental perteneciente por derecho histórico, geográfico y jurídico a la Nación Argentina.
En simultáneo a este avance hidrocarburífero, las autoridades ilegales que usurpan el archipiélago profundizaron las conexiones logísticas con el Cono Sur mediante vuelos directos operados hacia Punta Arenas, garantizando el recambio de personal, el abastecimiento de provisiones y el turismo internacional sin requerir autorización previa ni control soberano de los organismos de la aviación civil de nuestro país.
La respuesta oficial: una queja epistolar a destiempo
Frente a una provocación geopolítica de semejante envergadura, la reacción del Palacio San Martín fue un monumento a la impotencia diplomática deliberada. Tras semanas de silencio que bordearon la complicidad, la Cancillería argentina se limitó a emitir una nota protocolar anunciando que “recurrirá a instancias de arbitraje internacional”, una fórmula burocrática sin efectos vinculantes ni medidas de sanción económica concretas contra las firmas infractoras.
La pasividad del Ejecutivo no es casual. Responde a una línea doctrinaria explícita trazada por el presidente Javier Milei, quien no ha ocultado jamás su devoción personal e ideológica por Margaret Thatcher, la primera ministra británica que ordenó el hundimiento del crucero ARA General Belgrano fuera de la zona de exclusión, provocando la muerte de 323 compatriotas. Cuando quien conduce los destinos del país idolatra a la ejecutora militar del colonialismo contemporáneo, el resultado en política exterior es la degradación sistemática de la posición argentina ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas.
Ajuste a la memoria de los héroes y entrega de los recursos
El desinterés por el Atlántico Sur se replica hacia adentro del territorio continental. La administración libertaria no solo mira para otro lado ante el saqueo petrolero británico; también desmantela los programas de asistencia integral a los Veteranos de la Guerra de Malvinas, posterga las pensiones de honor, recorta las coberturas de salud mental y reduce las partidas de investigación del Instituto Antártico Argentino y la flota científica del Pampa Azul.
La doctrina peronista, fundada en la defensa incondicional de la soberanía política y la independencia económica, concibe al territorio marítimo como la extensión vital de la Patria. Desde la ratificación del Tratado Antártico y la fijación de los límites exteriores de la plataforma marítima nacional, el peronismo ha sostenido que la riqueza del mar y el subsuelo argentino debe estar al servicio de la industria pesada, el desarrollo de las provincias patagónicas y el bienestar de los trabajadores, no de la rapiña imperial. Tolerar que Londres extraiga petróleo clandestinamente mientras nuestros jubilados no pueden pagar los remedios no es una torpeza diplomática: es una política de entrega que la memoria del pueblo argentino jamás habrá de perdonar.
