En una maniobra de desacato institucional, la Casa Rosada apeló la orden judicial federal que exigía transferir fondos a las casas de altos estudios y lanzó un paquete de sanciones contra las asambleas. Docentes, no docentes y centros de estudiantes convocan a un paro de dos días y prometen paralizar las universidades.
El conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades públicas ingresó en un callejón sin salida institucional. A través de la Procuración del Tesoro, el Poder Ejecutivo presentó formalmente un recurso extraordinario federal para no acatar la sentencia judicial que declaró inconstitucional el bloqueo a la Ley de Financiamiento Universitario y que obligaba a la recomposición salarial urgente de docentes e investigadores.
Lejos de buscar un canal de diálogo o tender puentes con los rectores, la respuesta del Ministerio de Capital Humano fue profundizar la confrontación: anunció un régimen de “auditorías coercitivas” sobre los edificios académicos y amenazó con dar de baja el beneficio del boleto universitario a aquellos alumnos que participen activamente en tomas o vigilias estudiantiles.
Rebelión en las aulas: paro de 48 horas y asambleas
La reacción de la comunidad universitaria fue instantánea y contundente. El Frente Sindical de Universidades Nacionales decretó un paro total de actividades por 48 horas sin asistencia a los lugares de trabajo para este jueves y viernes, al tiempo que en facultades de la UBA, Rosario, La Plata, Córdoba y Tucumán se votaron tomas de edificios y clases públicas masivas en calles y avenidas principales.
“Estamos ante un Gobierno que se sitúa al margen de la ley. Tienen plata para financiar viajes privados y comitivas al exterior, pero le niegan los sueldos a los profesores que forman a los médicos e ingenieros de nuestro país. No vamos a permitir que rematen la universidad pública”, expresó un referente de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) tras la asamblea en la Facultad de Medicina.
El objetivo de fondo: arancelamiento y privatización
Dirigentes gremiales y analistas coinciden en que la estrategia oficial trasciende la coyuntura de la caja fiscal. El ahogo financiero inducido —con salarios docentes que perdieron más del 35% de su poder adquisitivo en el año y presupuestos para luz y mantenimiento que no alcanzan para cubrir el último trimestre— busca generar un deterioro visible de la calidad académica que justifique socialmente la introducción de esquemas de arancelamiento o privatización encubierta. Frente a este intento de demolición del sistema científico nacional, la comunidad académica prepara una resistencia masiva que volverá a desbordar las plazas de toda la Argentina.
