La promesa de que un ajuste salvaje en las tarifas de los servicios públicos traería consigo la modernización y la excelencia del suministro eléctrico se derrumbó este fin de semana en medio de la más absoluta oscuridad. Un corte de proporciones masivas dejó a más de dos millones de usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires sin servicio eléctrico durante horas, provocando el colapso de centros de salud barriales, la inutilización de alimentos, el corte de agua en miles de edificios y una situación de riesgo de vida para personas electrodependientes y adultos mayores.
El episodio no constituye un hecho meteorológico fortuito ni una falla técnica aislada: es la consumación de una estafa planificada desde los despachos oficiales. En lo que va de la gestión libertaria, los cuadros tarifarios acumulan subas promedio que rebasan el 700%, asfixiando las economías familiares, empujando a comerciantes de barrio a la quiebra y devorando más de un tercio del haber de los jubilados con la sola llegada de la boleta de luz.
La falacia de la “inversión privada espontánea”
Durante meses, el presidente Javier Milei y sus secretarios de Energía repitieron como un mantra que las tarifas argentinas eran “ficticias” y que la eliminación fulminante de los subsidios estatales permitiría a las empresas concesionarias capitalizarse para ejecutar un plan de inversión sin precedentes.
Sin embargo, los datos técnicos del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y los informes de las propias cuadrillas de mantenimiento confirman lo contrario: el tendido de cables, los transformadores de subestaciones y las líneas de distribución continúan con la misma fatiga de materiales y obsolescencia que hace una década. La masa monumental de recursos drenada desde los bolsillos de los trabajadores y jubilados no fue a fierros, obras subterráneas ni cuadrillas de emergencia; fue directo a sanear balances corporativos, recomprar acciones y girar dividendos a casas matrices o fondos especulativos.
El drama de los mayores: comida podrida y remedios arruinados
Para la tercera edad, el colapso energético adquiere contornos de tragedia cotidiana. En barrios populosos del conurbano y en los edificios de la Ciudad de Buenos Aires, miles de abuelos quedaron encerrados en departamentos por la parálisis de ascensores, sin agua corriente debido al cese de bombas de impulsión y con la angustia de perder la cadena de frío de medicamentos vitales como la insulina.
La crueldad del esquema es total: a un jubilado que cobra la mínima y a quien el Gobierno le vetó una recomposición de apenas 15 mil pesos, le exigen facturas de luz de 60, 80 o 100 mil pesos mensuales. Cuando el jubilado hace el esfuerzo supremo de pagar para evitar el corte, el servicio se interrumpe de todos modos por la desinversión empresaria convalidada por el Estado.
Soberanía energética o colonia extractiva
La doctrina justicialista, desde la presidencia de Juan Domingo Perón, concibió a la energía eléctrica como un servicio público indisociable de la soberanía nacional y la dignidad humana. No puede haber industria en marcha, ni hogares protegidos, ni comunidad organizada si la llave de paso de la energía está en manos de monopolios privados que cobran como en Manhattan pero responden como en la edad media.
El gobierno libertario desmanteló el rol regulador del Estado, disolvió controles y transformó un derecho social en un negocio financiero. Mientras el pueblo argentino padece el calor, la oscuridad y el vaciamiento de sus heladeras, las empresas energéticas festejan la rentabilidad garantizada. La soberanía no se negocia ni se entrega a las corporaciones: la energía debe pertenecer al pueblo argentino para iluminar su producción, su trabajo y su futuro.
