Por Redacción Info del Plata
El Partido Judicial acaba de ofrendar el servicio de impunidad más trascendente para el poder económico concentrado en lo que va del siglo. A través de una resolución firmada por los camaristas Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones ratificó de manera definitiva el archivo de la causa penal que investigaba al expresidente Mauricio Macri, al actual ministro de Economía Luis Caputo, a su predecesor Nicolás Dujovne y a las cúpulas del Banco Central por el endeudamiento de 57.100 millones de dólares sellado con el Fondo Monetario Internacional en 2018.
El fallo, que confirmó la decisión originaria de la jueza María Eugenia Capuchetti, no se limitó a desestimar las imputaciones por defraudación por administración fraudulenta, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos. En su fundamentación doctrinaria, el tribunal introdujo un criterio que desprotege por completo las arcas de la Nación: afirmó con crudeza que “el deterioro patrimonial del Estado, por sí solo, no equivale a la acreditación del elemento subjetivo de la defraudación”.
Las pruebas del desfalco que los jueces decidieron ignorar
Para archivar el expediente, los jueces debieron pasar por alto un cuerpo pericial contundente aportado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Oficina Anticorrupción:
- Violación de leyes de fondo: El crédito se tramitó sin pasar por el Congreso de la Nación, violando el artículo 75 inciso 7 de la Constitución Nacional y eludiendo las normas de la Ley de Administración Financiera.
- Inexistencia de dictámenes previos: Las Cartas de Intención fueron suscriptas antes de que existieran los dictámenes jurídicos obligatorios del Banco Central sobre el impacto en la balanza de pagos.
- Financiamiento de la fuga: El Banco Central vendió reservas a precio subsidiado mientras ingresaban los desembolsos de Washington, contraviniendo el propio Artículo VI del Convenio Constitutivo del FMI, que prohíbe taxativamente destinar los fondos a financiar salidas de capital extraordinarias.
Para los camaristas Bertuzzi y Llorens, sin embargo, estas gravísimas anomalías no constituyen más que meras cuestiones de “formas procedimentales de la administración pública” y decisiones económicas de gobierno no judiciables.
Caputo: del blindaje en Tribunales al ajuste en Balcarce 50
La consagración de esta impunidad judicial no es una postal del pasado: tiene efectos inmediatos sobre el presente del pueblo argentino. El principal beneficiario de esta clausura procesal es el actual jefe del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, quien fue el artífice del esquema de desregulación cambiaria y emisión de deuda que canalizó el préstamo del FMI durante la gestión de Cambiemos.
Hoy, al frente de la cartera económica de Javier Milei, Caputo ejecuta un ajuste salvaje que congela las jubilaciones mínimas en 70.000 pesos, desfinancia las universidades públicas y elimina subsidios al transporte y la energía invocando una supuesta “escasez de recursos”. La doctrina de Comodoro Py cierra el círculo: los mismos funcionarios que endeudaron y saquearon el patrimonio del Estado reciben un perdón judicial a medida, mientras los trabajadores, los jubilados y las PyMEs pagan con hambre la factura de la timba financiera.
