Mientras el pueblo trabajador sufre el ajuste más salvaje de la historia moderna, los cruzados de la “libertad” y el “déficit cero” utilizan las leyes hechas a su medida para limpiar sus propios papeles. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó que el Jefe de Gabinete y Bettina Angeletti entraron en el esquema de regularización tributaria. El fin de la meritocracia discursiva y los millones que no pueden explicar frente a una Argentina sumergida en la miseria.

Por la Redacción de Info del Plata Buenos Aires, miércoles 10 de junio de 2026.

El relato de la austeridad y el sacrificio ajeno ha terminado de desmoronarse en las últimas horas tras conocerse que Manuel Adorni ingresó al Régimen de Inocencia Fiscal. Quienes llegaron a la función pública con el dedo índice levantado…, dictando cátedra sobre la moral fiscal y criminalizando la legítima asistencia del Estado a los sectores postergados, hoy corren desesperados a las oficinas de la flamante Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El Jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, decidieron ampararse en el polémico Régimen de “Inocencia Fiscal” contemplado en la Ley 27.799. Se trata de un traje a medida diseñado por este mismo gobierno para permitir que los grandes evasores y los nuevos ricos del poder puedan exteriorizar activos y eludir sanciones, todo bajo un manto de absoluto secreto estatal.

La noticia, que estalló como una bomba neutrónica en los pasillos de la Casa Rosada y en las principales redacciones periodísticas del país, no hace más que confirmar la doble vara moral que caracteriza a la actual administración. Según los registros oficiales que obran en el sistema de ARCA, Bettina Angeletti, cónyuge del vocero devenido en ministro coordinador, formalizó su ingreso al régimen simplificado de regularización el pasado 31 de mayo.

Angeletti figura inscripta ante el fisco bajo el rubro de trabajadora autónoma dedicada a “actividades profesionales y científicas”. Sin embargo, el cruce de datos reveals un detalle escandaloso: la mujer recién procedió a darse de alta formalmente en los impuestos al Valor Agregado (IVA) y a las Ganancias a finales de 2025, demostrando que hasta ese momento operaba por completo en la economía informal.

Esta es la misma “informalidad” que su esposo fustiga a diario desde el atril oficial, culpando sistemáticamente a los laburantes de la falta de recaudación del Estado. Pero el escándalo no se detiene en el ámbito conyugal. En una maniobra de absoluta urgencia, el propio Manuel Adorni presentó su solicitud de adhesión al mismo régimen en las primeras horas de la mañana de hoy, miércoles 10 de junio.

La premura del funcionario no es casualidad: se produce a escasos días del vencimiento del plazo legal para la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales obligatorias ante la Oficina Anticorrupción. Además, se da en medio de un fuerte hostigamiento judicial, ya que la familia Adorni viene siendo severamente cuestionada por el crecimiento exponencial e injustificable de su patrimonio desde diciembre de 2023.

A esto se le suma una investigación penal en curso donde la Justicia Federal mantiene bajo la lupa las comunicaciones de un contratista privado. Este proveedor realizó refacciones de lujo en la vivienda particular de la pareja, presumiblemente abonadas con fondos que no logran encajar de ninguna manera en los ingresos declarados legalmente por un empleado de la estructura estatal.

El Régimen de Inocencia Fiscal, astutamente introducido en el paquete de reformas económicas a principios de este año, funciona en la práctica como un blanqueo encubierto y un perdón absoluto para los evasores. El beneficio central de este mecanismo es que exime al contribuyente de la obligación de justificar lo que técnicamente se conoce como el “monto consumido” y las variaciones patrimoniales anuales.

En buen romance: permite incorporar dinero y bienes que estaban ocultos (“en negro”) sin tener que explicar jamás de dónde salieron los fondos para adquirirlos. Esto elimina de raíz la posibilidad de que el fisco inicie una investigación por evasión agravada o lavado de dinero. Cuando la ley se debatió en el Congreso, el bloque legislativo del peronismo advirtió con vehemencia este peligro.

Los legisladores justicialistas señalaron que el oficialismo se negaba sistemáticamente a incluir una cláusula que excluyera explícitamente a los funcionarios públicos de los beneficios de esta normalización. Hoy la realidad le da la razón a la doctrina nacional: la ley fue redactada con la deliberada intención de que los propios gobernantes pudieran legalizar su repentina riqueza sin rendir cuentas ante el pueblo argentino.

La respuesta de los voceros gubernamentales ante la difusión de los datos oficiales rozó el ridículo y la burla hacia la inteligencia ciudadana. Desde el entorno íntimo de la Jefatura de Gabinete se intentó instalar la versión de que se trataba de un mero “trámite de simplificación operativa” para “ganar tiempo” en las liquidaciones impositivas anuales, negando que existiera un blanqueo de divisas ocultas.

No obstante, en el universo contable y legal nadie desconoce que ningún contribuyente se somete a un régimen extraordinario de estas características si tiene sus papeles perfectamente al día y sus ingresos justificados al centavo. Lo que intentan camuflar como un ordenamiento burocrático es, en realidad, el desesperado intento de frenar el avance de las causas judiciales que amenazan con desnudarlos ante la sociedad.

Frente a esta obscena demostración de privilegios, se erige la doctrina peronista como el único faro de justicia social y soberanía económica capaz de interpretar el dolor y la indignación de las mayorías. El peronismo, a lo largo de su historia constructiva, siempre ha sostenido que la verdadera economía es aquella que genera trabajo digno, promueve la producción nacional y defiende el bolsillo de los asalariados.

Para el justicialismo, el pago de los impuestos es un acto de solidaridad patriótica destinado a sostener la salud pública, la educación de nuestros hijos y la soberanía del Estado Nación. Por el contrario, lo que vemos hoy en el poder es un capitalismo de amigos, una oligarquía financiera y especulativa que destruye la industria local, persigue al pequeño comerciante y asfixia al obrero de a pie.

El contraste social es tan evidente que estremece. Hoy mismo, millones de jubilados y pensionados hacen filas interminables bajo el frío de junio para percibir una jubilación mínima de miseria que, aun incluyendo el medio aguinaldo y los bonos de emergencia, apenas si les alcanza para cubrir una canasta básica de supervivencia y comprar los medicamentos indispensables que el Estado les ha quitado.

Mientras a los abuelos que aportaron toda su vida se les exige “comprender el momento” y “hacer el esfuerzo”, el Jefe de Gabinete se autoamnistía impositivamente desde la comodidad de su despacho. Mientras a las PYMEs nacionales se las condena a la quiebra mediante tarifas impagables y una apertura indiscriminada de importaciones, los personeros del régimen se limpian los legajos fiscales para no dejar rastro de su ascenso.

Este episodio marca un punto de inflexión definitivo en el plano político. La farsa de la pureza libertaria ha quedado herida de muerte y ya no pueden hablar de “casta” sin mirarse al espejo. El peronismo, lejos de caer en la autocrítica estéril que solo beneficia al enemigo común, debe consolidar su unidad doctrinaria y alzarse firmemente junto a las organizaciones sindicales y los movimientos populares.

No estamos ante un simple error de gestión o una desprolijidad administrativa aislada; estamos ante una matriz de impunidad donde los mismos que hunden la bandera nacional y entregan los recursos de la patria a los intereses extranjeros, se enriquecen a espaldas de los trabajadores. La verdad histórica siempre termina imponiéndose, y el pueblo argentino sabrá cobrar la cuenta de tanta hipocresía.