En medio de un brutal ajuste, el Gobierno acordó un aumento en cuotas que consolida la pérdida del poder adquisitivo. Mientras Conadu Histórica sostiene el paro, la comunidad académica resiste en las calles exigiendo la Ley de Financiamiento.
El plan de ajuste que ejecuta el gobierno nacional suma un nuevo capítulo en su embestida contra la educación pública. Tras meses de resistencia en las calles y un alarmante éxodo de más de 10 mil docentes, la Casa Rosada logró cerrar un acuerdo paritario. Sin embargo, lejos de resolver la emergencia social en los claustros, este pacto formaliza la histórica caída de los ingresos de los trabajadores.
El entendimiento fija un incremento salarial total del 24,33% para el personal universitario, distribuido en dos tramos que corren por detrás de la inflación. En primer lugar, se aplicará un aumento del 21,33% en junio (calculado sobre los básicos de mayo) y, en segundo lugar, una ínfima cuota del 3% en octubre.
Para la docencia de a pie, este porcentaje representa apenas un parche de urgencia. Los sindicatos advierten que no logra tapar el agujero de una deuda arrastrada desde el inicio del conflicto, con una pérdida del poder adquisitivo estimada en un 50% para el ciclo 2024.
El mapa de la miseria: los números de la exclusión docente
Detrás de los anuncios oficiales, la realidad golpea duro al bolsillo de los trabajadores. A partir de junio de 2026, los salarios brutos establecidos para las categorías testigo (excluyendo adicionales por antigüedad o zona) serán los siguientes:
- Dedicación Simple (70% del padrón): $374.485,49. La gran mayoría de los docentes cobra una cifra que los empuja directamente por debajo de la línea de pobreza.
- Dedicación Semi Exclusiva: $748.970,98.
- Dedicación Exclusiva (solo el 10% del total): $1.497.941,97.
Además de los salarios, el paquete oficial contempla un incremento del 20% para gastos de funcionamiento y un salvavidas de $50 mil millones para los hospitales universitarios, instituciones que hoy operan al borde del colapso. En cuanto al estudiantado, el cinismo quedó expuesto: se anunció una suba del 50% en las becas Manuel Belgrano, pero se dejó sin mejoras a la vital beca Progresar, cortando las piernas a los hijos de la clase trabajadora.
“No vamos jamás a retirar la ley”: la advertencia al Gobierno
El ingeniero Rubén Soro, rector de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), fue contundente en declaraciones a Infobae. Afirmó que el acuerdo es solo un alivio parcial porque la comunidad universitaria “la está pasando muy mal”, agradeciendo al mismo tiempo el enorme apoyo social recibido.
Sin embargo, advirtió frente a las fuertes presiones oficiales para desarticular los reclamos de fondo: “Nosotros no vamos jamás a retirar la Ley de Financiamiento Universitario. Eso quedó claro y quiero que quede claro a toda la sociedad”, sentenció el directivo.
Asimismo, en los próximos 45 días deberá discutirse un adicional para compensar la pérdida salarial de los niveles preuniversitarios tras la polémica eliminación del FONID.
La dignidad no se negocia: sigue el paro nacional
No todos los gremios aceptaron estas migajas. La Federación Nacional Conadu Histórica impugnó el acta acuerdo de manera orgánica, calificándola como una capitulación frente al ajuste libertario. Con una contundente votación de 64 a 36, el congreso gremial rechazó la oferta y ratificó un paro nacional hasta el sábado 20 de junio.
La huelga exige la inmediata y efectiva aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Esta normativa vital hoy se encuentra frenada por el gobierno de La Libertad Avanza y depende de una resolución de la Corte Suprema.
Mientras los estudiantes de la UBA se ven obligados a tomar clases en la calle para visibilizar el conflicto, queda un consenso claro en toda la comunidad: la tregua firmada es precaria. Con una nueva reunión fijada para el 15 de septiembre, la batalla por la dignidad salarial y la soberanía del conocimiento sigue más viva que nunca.
