La postal de la economía argentina exhibe su contradicción más violenta en el sector energético. Desde las oficinas de la Secretaría de Energía y el Ministerio de Economía, los funcionarios libertarios festejan lo que califican como un hito fundacional: las proyecciones de exportación de hidrocarburos y gas licuado desde la formación neuquina de Vaca Muerta rozan los 24.000 millones de dólares para el período en curso, motorizadas por el marco de privilegios fiscales, cambiarios y aduaneros consolidado por el RIGI.
No obstante, esta marea de divisas transita por un tubo directo hacia el exterior sin hacer escala en la economía doméstica. A escasos kilómetros de los oleoductos y gasoductos, el entramado de talleres metalmecánicos, fábricas plásticas, panaderías y millones de hogares familiares reciben facturas de gas y electricidad con valores que se quintuplicaron en términos reales.
LA ASFIXIA AL MERCADO INTERNO Y EL FRENO DE LAS PLANTAS
Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y de las cámaras PyME confirman que, lejos de traducirse en una reactivación virtuosa, la desregulación de precios a boca de pozo decretada por la administración de Javier Milei opera como un freno de mano sobre el aparato productivo. La economía real no despega: consultoras del sector privado estiman que el Producto Bruto cerrará el año con un alza anémica inferior al 2%, traccionada exclusivamente por la actividad primaria exportadora, mientras el sector manufacturero y el comercio minorista acumulan caídas interanuales superiores al 12%.
Las PyMEs industriales enfrentan un dilema terminal: con costos fijos energéticos dolarizados y un mercado interno pulverizado por la caída del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones, absorber los tarifazos significa quebrar la rentabilidad; trasladarlos al precio final equivale a perder los pocos clientes que aún ingresan a los locales o recurren a sus productos.
LA TRAMPA DE LA PARIDAD DE EXPORTACIÓN
El eje central del conflicto radica en la concepción doctrinaria del recurso. Para la actual gestión económica, el valor de la energía consumida en el conurbano, en el interior bonaerense o en los parques industriales de Córdoba y Santa Fe debe igualarse a la “paridad de exportación” (export parity), es decir, el valor que un consumidor en Europa o Asia pagaría por el gas puesto en un buque regasificador.
Esta lógica descarta de plano que los costos de extracción en territorio nacional se cancelan en moneda local y que el desarrollo de Vaca Muerta fue financiado durante más de una década con fondos públicos argentinos, subsidios de infraestructura y el esfuerzo mancomunado de los contribuyentes. Al permitir que las empresas hidrocarburíferas liquiden libremente sus divisas en el exterior sin exigencias de reinversión en refinación o agregado de valor local, se transformó una ventaja comparativa soberana en un mecanismo de despojo territorial.
UN ESQUEMA INSOSTENIBLE PARA LA COHESIÓN NACIONAL
El encarecimiento indiscriminado de los servicios públicos no es una variable técnica neutral; es una transferencia regresiva de riqueza desde los ingresos fijos de la clase trabajadora y los sectores pasivos hacia un puñado concentrado de operadoras de energía. Una política que celebra el récord de exportaciones mientras sus ciudadanos pasan frío en invierno o deben endeudarse para pagar la luz no construye estabilidad: consolida un enclave colonial que condena a la desindustrialización permanente a la República Argentina.
