La economía real de la República Argentina se encuentra en un estado de emergencia estructural sin precedentes en las últimas dos décadas. De acuerdo con los relevamientos técnicos de centros de estudios económicos y cámaras productivas basados en registros oficiales de la Seguridad Social, desde la asunción de Javier Milei han cerrado sus puertas de forma irreversible 30.633 empresas en todo el país. La cifra representa la desaparición del 6% del tejido empresarial argentino en apenas treinta meses de gobierno.
El número de firmas registradas activas cayó a 481.724, perforando los peores registros de la crisis sanitaria y de aislamiento de 2021. En términos cotidianos, el ritmo de mortandad empresarial marca un promedio demoledor: 76 empresas bajan la persiana cada 24 horas en los centros urbanos y en el interior del país.
El drama en las fábricas: 7 de cada 10 máquinas paradas El colapso golpea con extrema dureza a la industria manufacturera y al comercio minorista. En los principales cordones industriales de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, la utilización de la capacidad instalada en talleres y plantas fabriles apenas ronda el 30% promedio. Esto significa que siete de cada diez máquinas están totalmente apagadas, consumiendo los ahorros de los talleres y forzando suspensiones y despidos masivos.
La asfixia se explica por la conjunción de tres factores directos:
- Derrumbe del consumo popular: La licuación sistemática de los salarios reales y de los haberes jubilatorios paralizó las ventas minoristas.
- Tarifazos desregulados: Las facturas de energía eléctrica y gas multiplicaron su peso sobre la estructura de costos fijos de las fábricas.
- Apertura importadora: El ingreso indiscriminado de productos terminados desplaza a la manufactura local en rubros clave como textil, calzado, metalmecánica y plásticos.
La defensa de la burguesía nacional y el empleo Para la doctrina justicialista de Info del Plata, una comunidad no puede desarrollarse sobre el cementerio de sus pequeñas y medianas empresas. La burguesía productiva nacional, que arriesga su patrimonio en el territorio patrio y genera más del 70% del empleo registrado, está siendo deliberadamente sacrificada para sostener un esquema de especulación financiera. Reemplazar la producción nacional por bienes importados destruye la soberanía económica y condena al pueblo a la marginalidad. Salvar al aparato productivo exige frenar de inmediato la sangría importadora y reconstruir el poder de compra de las familias trabajadoras.
