La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el nuevo cuadro de haberes previsionales para el mes de septiembre bajo el esquema de movilidad atado al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Mientras el haber básico registrará una suba nominal del 4,03% —llegando a $234.540 brutos—, el Poder Ejecutivo ratificó la decisión de mantener congelado en $70.000 el bono extraordinario, suma que no recibe actualización alguna desde marzo y acumula una pérdida de valor real superior al 45% frente a la inflación general.
La maniobra matemática ejecutada por el Ministerio de Economía expone una trampa regresiva: al representar el bono una porción determinante del ingreso de los sectores más vulnerables, el aumento efectivo de bolsillo para quienes perciben la jubilación mínima será de tan solo el 2,8%, fijando el ingreso total de bolsillo en torno a los $304.540. Este porcentaje queda automáticamente por debajo de la inflación del mes y muy lejos de la evolución de la Canasta Básica de los Adultos Mayores, que ya supera los $850.000 según las estimaciones de la Defensoría de la Tercera Edad.
Medicamentos por las nubes y cobertura recortada El cuadro de subsistencia de la clase pasiva se agrava por el retiro del Estado en áreas sanitarias esenciales. La decisión del PAMI de restringir el vademécum de cobertura al 100% en medicamentos crónicos obliga a millones de jubilados a destinar más del 30% de sus magros ingresos exclusivamente a solventar tratamientos de salud, antibióticos y analgésicos cuyos precios registraron subas interanuales superiores al 250%.
Para el modelo libertario, este deterioro no es una externalidad indeseada, sino el pilar del superávit financiero celebrado en las planillas del Palacio de Hacienda. Más de un cuarto del ajuste total del gasto público ejecutado por la administración central proviene de la licuación previsional, convirtiendo a los adultos mayores en la principal variable de recorte fiscal de la economía argentina.
La doctrina de la justicia previsional Desde los postulados doctrinarios de Info del Plata, el haber jubilatorio no constituye una dádiva estatal ni un subsidio prescindible sujeto a la disciplina contable de los organismos multilaterales; es salario diferido y un derecho humano fundamental forjado a lo largo de décadas de trabajo y aportes a la grandeza de la Patria.
La justicia social exige recomponer de manera inmediata el poder adquisitivo de los jubilados, garantizar la entrega irrestricta de medicamentos y atar los aumentos a una fórmula que contemple la recaudación y los salarios de la comunidad productiva. Negarle el pan y los remedios a los ancianos para sostener la timba financiera representa una bancarrota moral que el pueblo argentino no debe naturalizar.
