La tensión entre la Casa Rosada y las provincias argentinas alcanzó su punto de máxima ebullición en el Palacio Legislativo. Un amplio arco de diputados nacionales que responden a mandatarios provinciales del centro, norte y sur del país unificó posiciones para dar dictamen a un proyecto de ley que modifica de raíz el régimen del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono, estableciendo que la totalidad de lo recaudado pase a coparticiparse de forma directa y automática entre las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La avanzada parlamentaria expone el descontento del interior productivo ante lo que consideran una confiscación tributaria injustificable. Cada vez que un trabajador, transportista o productor agropecuario carga un litro de nafta o gasoil en cualquier estación de servicio del territorio nacional, abona una carga impositiva que por ley original debía ser asignada al Fondo Nacional de Vialidad y a obras de infraestructura comunitaria. Sin embargo, bajo la actual administración nacional, dichos recursos son retenidos por el Tesoro Nacional para exhibir solvencia contable en las planillas del superávit financiero.
Rutas en ruinas y riesgo productivo El congelamiento absoluto de las transferencias viales derivó en un colapso de la red de carreteras federales. Los informes de las cámaras de transporte y de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) alertan sobre el incremento de accidentes viales graves, el deterioro mecánico de las flotas de carga y el encarecimiento logístico que sufren las economías regionales para trasladar sus manufacturas y granos hacia los puertos de exportación.
El gobierno libertario pregona la desregulación, pero mantiene un esquema de recaudación centralista donde el habitante del interior financia al fisco nacional a través del surtidor y a cambio recibe baches, puentes clausurados y rutas abandonadas a su suerte.
La posición doctrinaria de Info del Plata Desde la doctrina peronista, la integración física y económica del territorio no es un costo presupuestario descartable, sino la base material de la Soberanía Política y la Independencia Económica. El General Juan Domingo Perón concibió a la obra pública y al transporte como los nervios motores que conectan a la comunidad organizada, permitiendo que la producción del interior fluya con justicia distributiva.
Apropiar los recursos que tributa el pueblo en las estaciones de servicio para alimentar la bicicleta financiera metropolitana es la reedición del viejo modelo unitario de expoliación colonial. El federalismo no se declama: se defiende garantizando que los recursos de las provincias financien el desarrollo, la seguridad y el trabajo de sus comunidades.
