Mientras el salario mínimo docente permanece estancado en $500.000 y los trabajadores reclaman la reapertura de la paritaria nacional y la restitución del FONID, el Gobierno nacional puso en marcha un relevamiento del paro docente y advirtió que podría avanzar con sanciones contra los sindicatos que incumplan los niveles mínimos de actividad establecidos por la Ley de Modernización Laboral.
El paro docente nacional de este lunes abrió un nuevo capítulo de tensión entre el Gobierno de Javier Milei y los trabajadores de la educación. En medio de salarios deteriorados y reclamos que llevan meses sin una respuesta satisfactoria, la administración nacional decidió concentrar parte de su estrategia en controlar el nivel de adhesión a la protesta y evaluar eventuales sanciones contra las organizaciones gremiales.
Desde la Secretaría de Trabajo sostienen que, por tratarse de una actividad declarada esencial por el Gobierno, durante una huelga debe garantizarse el 75% de la prestación educativa. Con ese argumento, las agencias territoriales comenzaron a recopilar información en diferentes provincias para determinar cómo se desarrolló la jornada.
Los primeros datos oficiales todavía no estaban completos durante la tarde. Sin embargo, desde el Ejecutivo aseguraron que en Mendoza, San Luis y Chaco la actividad se desarrollaba prácticamente con normalidad, mientras Santa Fe habría garantizado los mínimos establecidos por la normativa.
En la Ciudad de Buenos Aires, las autoridades porteñas calcularon una adhesión inferior al 10% y confirmaron que los trabajadores que participaron de la medida tendrán descontado el día.
EL GOBIERNO APUNTA CONTRA LAS PROVINCIAS PERONISTAS
La confrontación política no tardó en aparecer. Funcionarios nacionales pusieron especialmente el foco sobre Buenos Aires, La Pampa y Tierra del Fuego, provincias donde, según las estimaciones preliminares del oficialismo, el acatamiento habría sido considerablemente mayor.
Desde sectores del Gobierno incluso responsabilizaron al gobernador bonaerense Axel Kicillof por la protesta y lo acusaron de incentivar la adhesión de los docentes. Desde la administración provincial indicaron que no contaban con información que respaldara esa acusación.
De esta manera, una discusión profundamente vinculada con los ingresos de los trabajadores volvió a convertirse en un enfrentamiento político entre la Casa Rosada y los gobernadores opositores.
Mientras se cruzan acusaciones, el dato económico permanece en el centro del conflicto: el salario mínimo docente se encuentra fijado en $500.000, según el reclamo sindical difundido durante la convocatoria.
SALARIOS CONGELADOS Y UN FONDO QUE DESAPARECIÓ
CTERA convocó al paro nacional de 24 horas principalmente para reclamar la reapertura de la Paritaria Nacional Docente, una recomposición salarial y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente, conocido como FONID.
Ese fondo constituía durante años un complemento que Nación transfería para ayudar a financiar los salarios de maestros y profesores. Su eliminación en 2024 se transformó en uno de los principales puntos de conflicto entre el Gobierno nacional, las provincias y las organizaciones sindicales.
La administración libertaria insiste en que la responsabilidad directa por los salarios corresponde a cada jurisdicción provincial. Los gremios, por el contrario, reclaman nuevamente la participación del Estado nacional en la discusión salarial y denuncian una pérdida acelerada del poder adquisitivo.
En ese contexto social aparece una contradicción difícil de ignorar: mientras miles de trabajadores reclaman recuperar ingresos, buena parte de la discusión oficial gira alrededor de porcentajes de presencialidad, controles administrativos y posibles sanciones.
PETTOVELLO ADVIERTE Y LOS GREMIOS QUEDAN BAJO LA LUPA
La Secretaría de Trabajo confirmó que el relevamiento podría derivar en procedimientos sancionatorios si considera que alguna organización sindical incumplió con las obligaciones establecidas por la legislación vigente.
El secretario de Trabajo, Julio Cordero, defendió el operativo y sostuvo que el derecho de huelga continúa vigente, aunque sujeto a los límites incorporados por la denominada Ley de Modernización.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, también defendió la intervención oficial con el argumento de garantizar el derecho de los estudiantes a recibir clases y brindar previsibilidad a las familias.
Sin embargo, el punto más delicado apareció cuando desde el Gobierno dejaron abierta la posibilidad de aplicar sanciones importantes contra los gremios. Fuentes oficiales incluso mencionaron que, dependiendo de la gravedad de un eventual incumplimiento, el procedimiento podría llegar a afectar la personería sindical.
Las autoridades aclararon que las eventuales sanciones estarían dirigidas contra las organizaciones gremiales y no individualmente contra cada docente.
UNA LEY JUDICIALIZADA EN MEDIO DEL CONFLICTO
La discusión tiene además un frente judicial. La declaración de la educación como servicio esencial incluida en la reforma laboral fue cuestionada ante la Justicia por la Unión Docentes Argentinos.
Una resolución judicial había suspendido inicialmente la aplicación de esa disposición, aunque el Gobierno apeló y consiguió que la reforma continuara vigente mientras se resuelve la cuestión de fondo.
El artículo 24 de la Ley 27.802 establece que determinados servicios considerados esenciales deben mantener un porcentaje mínimo de funcionamiento durante los conflictos colectivos.
En el caso educativo, la interpretación impulsada por el Ejecutivo exige asegurar la presencia del personal necesario para garantizar un nivel determinado de actividad.
EL CONFLICTO QUE EL AJUSTE NO PUDO OCULTAR
Mientras funcionarios, gobernadores y dirigentes sindicales protagonizan una nueva pelea pública, detrás de la disputa aparece una realidad mucho más concreta: docentes reclamando salarios que permitan llegar a fin de mes.
Durante la mañana, CTERA y ATE realizaron una concentración frente al Ministerio de Economía para visibilizar los reclamos salariales.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, denunció que los trabajadores estatales perdieron una parte sustancial de sus ingresos reales durante los últimos años y cuestionó duramente la política salarial del Ejecutivo.
El conflicto educativo vuelve así a exhibir una de las caras más sensibles del programa económico nacional. El Gobierno responde con controles, descuentos y advertencias de sanciones; los sindicatos reclaman paritarias, recuperación salarial y fondos que fueron eliminados.
En un país donde enseñar debería ser una prioridad estratégica, la discusión vuelve a quedar atrapada entre el ajuste sobre los ingresos, la pelea política y una comunidad educativa que reclama respuestas antes de que el deterioro salarial termine convirtiéndose en otra emergencia social.
