El Gobierno volvió a modificar una ley que toca uno de los recursos estratégicos de la Argentina. Después de impulsar cambios mucho más amplios, ahora propone elevar del 15% al 25% el límite de tierras rurales en manos extranjeras. La interna es tan fuerte que hasta legisladores aliados reclaman explicaciones y preguntan quién avala realmente el último proyecto.
La Ley de propiedad privada y tierras extranjeras volvió a encender todas las alarmas en el Senado. El Gobierno de Javier Milei intenta conseguir los votos necesarios para avanzar con una iniciativa que podría elevar del 15% al 25% el límite permitido para la titularidad extranjera de tierras rurales. El cambio aparece después de semanas de negociaciones, borradores y retrocesos que dejaron incluso a sectores aliados preguntándose cuál es, finalmente, la posición de la Casa Rosada.
No se está discutiendo un detalle administrativo. Se está hablando de la tierra argentina, un recurso estratégico vinculado con la producción, el agua, las fronteras, los alimentos y la soberanía territorial. En medio de una economía castigada y con miles de familias mirando cada peso antes de llegar a fin de mes, el oficialismo vuelve a colocar en el centro del Congreso una reforma que amplía el margen permitido para la presencia extranjera sobre territorio rural.
DEL 15% AL 25%: EL NUEVO GIRO DEL GOBIERNO
La legislación vigente establece un límite del 15% para la titularidad o posesión extranjera sobre tierras rurales. Sin embargo, el nuevo borrador que circula entre senadores propone llevar ese techo hasta el 25%.
El giro es fuerte porque durante semanas el oficialismo había impulsado una apertura todavía mayor. Ahora, ante la dificultad para conseguir votos, apareció una versión diferente que mantiene un límite, pero lo aumenta diez puntos porcentuales.
La improvisación política quedó expuesta dentro del propio espacio de aliados que necesita La Libertad Avanza. Legisladores dialoguistas reclaman saber si el texto que llegó a sus manos tiene realmente el aval definitivo de la Casa Rosada. La discusión llegó a un punto insólito: hay senadores negociando una iniciativa estratégica mientras todavía preguntan cuál es la versión que efectivamente quiere aprobar el Gobierno.
El problema no termina ahí. Durante las últimas semanas circularon numerosos borradores y el proyecto sufrió modificaciones sucesivas. Esa falta de claridad terminó obligando al Senado a postergar anteriormente su tratamiento y llevar la discusión hasta agosto.
UNA DISCUSIÓN QUE TOCA SOBERANÍA, FRONTERAS Y RECURSOS
Desde una mirada nacional y federal, ampliar el límite de extranjerización no puede reducirse al argumento de atraer inversiones. La tierra no es solamente una mercancía. Allí están la producción agropecuaria, los recursos naturales, las reservas de agua, las zonas fronterizas y buena parte de la capacidad productiva futura de la Argentina.
Por eso, la Ley de propiedad privada y tierras extranjeras se convirtió en uno de los capítulos más sensibles de la agenda legislativa libertaria. La pregunta que atraviesa el debate es concreta: ¿por qué una Argentina necesitada de desarrollo productivo debería ampliar del 15% al 25% el margen de tierras rurales que pueden quedar bajo titularidad extranjera?
Mientras el discurso oficial habla permanentemente de libertad y propiedad privada, el Senado enfrenta una discusión bastante más profunda: determinar qué límites debe establecer el Estado cuando están en juego recursos estratégicos nacionales.
Además, el proyecto incluye modificaciones vinculadas con expropiaciones, desalojos y restricciones posteriores a incendios previstas en la legislación sobre manejo del fuego. Es decir, detrás del título de “propiedad privada” existe un paquete mucho más amplio que puede alterar reglas sensibles sobre el territorio argentino.
BULLRICH SALE A EXPLICAR UN PROYECTO QUE YA GENERÓ DESCONFIANZA
Patricia Bullrich quedó ahora encargada de intentar ordenar el frente político. La jefa del bloque libertario en el Senado tiene previsto explicar públicamente los cambios mientras el oficialismo busca recomponer acuerdos antes de volver al recinto.
El escenario demuestra una dificultad cada vez más evidente: el Gobierno necesita de aliados para aprobar reformas profundas, pero modifica los textos mientras negocia los votos. En una ley que toca directamente la tierra argentina, semejante nivel de incertidumbre resulta todavía más grave.
La Argentina necesita inversiones, producción y generación de empleo. También necesita defender sus recursos estratégicos y discutir seriamente qué modelo de país quiere construir. Abrir más la puerta a la extranjerización de la tierra sin una explicación clara, estable y transparente no debería resolverse entre borradores de último momento.
Porque cuando se discute territorio argentino, no alcanza con conseguir votos en un despacho.
La tierra queda. Los gobiernos pasan.
