Mientras millones de argentinos pelean todos los días contra el ajuste, las deudas y la caída del poder adquisitivo, Javier Milei profundiza su batalla ideológica, abre una crisis diplomática con Brasil y acelera una polémica reforma de la Ley de Tierras. El Gobierno vuelve a demostrar que detrás del discurso de la “libertad” hay decisiones que pueden comprometer intereses estratégicos de la Argentina.
La Argentina vuelve a quedar atrapada en las consecuencias del libreto dogmático de Javier Milei. Mientras en los barrios se cuentan las monedas para llegar a fin de mes, el Presidente dedica buena parte de su agenda política a repartir insultos, profundizar enfrentamientos y llevar su batalla cultural hasta terrenos donde ya están en juego las relaciones internacionales y los intereses nacionales. Esta vez el conflicto cruzó definitivamente la frontera.
Las nuevas agresiones de Milei contra Luiz Inácio Lula da Silva provocaron una respuesta concreta de Brasil. El gobierno brasileño decidió reducir el nivel de la relación diplomática con nuestro país y su embajador, Julio Bitelli, no regresará a Buenos Aires. Ya no se trata solamente del tono presidencial, de una declaración televisiva explosiva o de una pelea construida para las redes sociales. Cuando quien habla es el Presidente de la Nación, cada palabra puede tener consecuencias para la Argentina.
DE LOS INSULTOS A UNA CRISIS CON EL PRINCIPAL SOCIO DE LA ARGENTINA
Milei volvió a calificar públicamente a Lula de “ladrón” y “corrupto”, además de cuestionar duramente al mandatario brasileño. La respuesta llegó desde Brasilia: el vínculo bilateral quedó reducido al nivel de encargado de negocios y quedó expuesta una tensión que venía creciendo desde hacía meses.
Brasil no es un país cualquiera para la economía argentina. Es un socio estratégico, un destino fundamental para buena parte de las exportaciones industriales y una pieza central del Mercosur. Por eso, convertir una diferencia ideológica entre presidentes en un problema diplomático no puede reducirse a una anécdota. La política exterior de una Nación no debería manejarse como una pelea en una red social, mucho menos cuando detrás de cada relación comercial existen industrias, trabajadores, PYMES, exportadores y miles de puestos de trabajo argentinos. Sin embargo, la Casa Rosada insiste en una lógica donde la confrontación parece haberse transformado en método de gobierno.
UNA BATALLA CULTURAL QUE YA NO DISTINGUE ADVERSARIOS
El Presidente tampoco se quedó únicamente con Brasil. Durante los últimos días habló de “terroristas disfrazados de estudiantes”, periodistas, profesores e investigadores. La gravedad política de semejantes expresiones debería preocupar más allá de cualquier pertenencia partidaria, porque estudiantes, científicos, docentes y periodistas pasan a formar parte de un universo discursivo donde cualquiera que cuestione el rumbo oficial puede terminar convertido en enemigo.
No es una discusión menor. Una democracia necesita debate, oposición, universidades, investigación científica, trabajadores organizados, empresarios nacionales y periodistas capaces de preguntar. Cuando todo aquel que contradice al poder comienza a ser presentado como una amenaza, el problema deja de ser únicamente discursivo. El peronismo conoce demasiado bien el costo que paga un país cuando se pretende dividir a los argentinos entre ciudadanos aceptables y enemigos internos. La Argentina necesita producción, trabajo y comunidad organizada, no una guerra permanente entre argentinos.
LA ECONOMÍA QUE FESTEJA MILEI Y LA ARGENTINA QUE HACE CUENTAS
Mientras crece el ruido político, Milei sostiene que la actividad económica alcanza niveles récord, que el consumo atraviesa un pico histórico y que los ingresos comienzan a recuperarse. Pero existe otra Argentina que no entra fácilmente en los discursos presidenciales: es la del comerciante que mira la caja y vende menos, la del trabajador informal que no puede trasladar automáticamente la inflación a sus ingresos, la del jubilado que compara precios antes de entrar a la farmacia y la de la familia que utilizó la tarjeta o pidió un préstamo simplemente para cubrir gastos.
Frente a esa realidad, el Presidente aseguró recientemente que “nadie le puso un revólver en la cabeza” a quienes tomaron créditos. La frase resume una concepción política. Para el Gobierno, cada individuo parece responsable de salvarse por su cuenta: si una familia se endeuda, es su problema; si un comercio cierra, el mercado decidirá; si una industria no resiste la apertura importadora, deberá adaptarse o desaparecer.
Ese pensamiento está en las antípodas de la tradición justicialista. Para el peronismo, la economía no puede ser una gigantesca competencia destinada a seleccionar quién sobrevive. La economía debe estar al servicio del pueblo, de la producción y del trabajo argentino.
HASTA LOS LIBERALES ADVIERTEN SOBRE EL IMPACTO INDUSTRIAL
Las críticas ya no aparecen únicamente desde el peronismo o los sectores opositores. Economistas identificados históricamente con posiciones liberales comenzaron a advertir sobre los peligros de abrir aceleradamente la economía con un tipo de cambio que favorece las importaciones. Miguel Ángel Broda planteó que un dólar barato combinado con apertura comercial puede provocar cierres empresariales evitables y reclamó prestar atención al proceso de transición.
La advertencia toca uno de los puntos más sensibles del modelo libertario. Una cosa es discutir la necesidad de competencia y otra muy distinta es mandar a una fábrica argentina a competir de un día para otro contra gigantes internacionales que producen con escalas, financiamiento, impuestos y costos completamente diferentes. Cuando una PYME cierra, detrás de la persiana no desaparece solamente un CUIT: desaparecen empleos, proveedores, conocimiento productivo, consumo barrial y familias enteras que dependían de esa actividad.
Una Nación que destruye su capacidad industrial termina dependiendo de otros hasta para aquello que alguna vez fabricaba. Eso no es libertad económica. Es dependencia.
LEY DE TIERRAS: EL LÍMITE QUE ENCENDIÓ TODAS LAS ALARMAS
En paralelo, Federico Sturzenegger acelera una reforma de la Ley de Tierras que volvió a colocar una palabra fundamental sobre la mesa: soberanía. Después de meses de discusiones apareció un límite del 25% para la propiedad extranjera, pero las negociaciones continúan y los votos en el Senado siguen siendo motivo de tensión. Incluso dentro de los sectores aliados existen legisladores que reclaman mayores modificaciones y cuestionan la velocidad con la que pretende avanzar el Gobierno.
La discusión merece mucho más que una negociación desesperada para conseguir manos en el Congreso. La tierra argentina no es una mercancía cualquiera: contiene agua, alimentos, minerales, recursos naturales, fronteras y áreas estratégicas que pertenecen al patrimonio económico y territorial de la Nación. Un país puede necesitar inversiones extranjeras, pero lo que jamás debería hacer es confundir inversión con entrega.
Para el pensamiento nacional y justicialista, el capital tiene una función cuando ayuda a desarrollar la economía argentina. Cuando el capital pasa a condicionar la soberanía política o económica, el Estado tiene la obligación de establecer límites. No existe verdadera independencia económica si los recursos estratégicos terminan cada vez más lejos de las decisiones nacionales.
EL DOGMA DESREGULADOR TAMBIÉN CHOCÓ CONTRA LA REALIDAD
El problema atraviesa otras áreas. La política de desregulación impulsada por Sturzenegger abrió conflictos en sectores como seguros, laboratorios y actividades vinculadas al transporte marítimo. Uno de los episodios más delicados apareció en los puertos, donde cambios regulatorios vinculados al practicaje y pilotaje mercante provocaron medidas de fuerza y alteraciones en la operatoria comercial. El conflicto llegó a afectar decenas de buques y generó costos diarios importantes.
Finalmente, el propio Gobierno tuvo que retroceder parcialmente y abrir una mesa de negociación. La situación dejó una enseñanza sencilla: la economía real no funciona como un pizarrón. Detrás de cada decreto existen trabajadores, empresas, cadenas logísticas, contratos, puertos y sectores productivos que necesitan previsibilidad. Desregular por desregular no constituye un programa de desarrollo, mucho menos cuando después el Estado debe correr detrás de los problemas generados por sus propias decisiones.
KICILLOF EMPIEZA A MARCAR SU PROPIO CAMINO
Del otro lado del escenario político, Axel Kicillof acelera la construcción del Movimiento Derecho al Futuro y comienza a despegarse de una interna peronista que durante años consumió energías que deberían haberse destinado a discutir un proyecto nacional. Desde el espacio bonaerense sostienen una posición cada vez más clara: cada sector deberá construir sus candidatos y después resolver las diferencias mediante elecciones internas, PASO o el mecanismo que finalmente se establezca.
El mensaje político es evidente. Kicillof pretende construir una alternativa propia con vistas a 2027. La provincia de Buenos Aires, además, mantiene un enfrentamiento profundo con la Nación por recursos y transferencias. El Gobierno bonaerense denuncia que la administración de Milei interrumpió fondos y sostiene que la Provincia debe continuar financiando salarios, educación, salud, seguridad y obra pública en un escenario de fuerte deterioro de los ingresos.
La discusión vuelve así al corazón del problema argentino. No alcanza con preguntarse quién será candidato. La verdadera pregunta es qué proyecto de país llegará a 2027.
DOS ARGENTINAS EMPIEZAN A QUEDAR CARA A CARA
De un lado aparece una concepción donde el mercado ocupa el centro, el Estado debe retirarse, la apertura económica se acelera y buena parte de los recursos nacionales quedan expuestos a una mayor participación extranjera. Del otro permanece la tradición histórica que sostiene que una Nación solamente es libre cuando posee independencia económica, soberanía política y justicia social.
No es nostalgia. Es una discusión absolutamente actual, porque detrás de la Ley de Tierras está la soberanía; detrás de una fábrica que cierra está el trabajo; detrás de una universidad atacada está la posibilidad de que el hijo de un trabajador se convierta en profesional; detrás de una PYME destruida está la producción nacional; y detrás de una pelea diplomática innecesaria puede estar el empleo de miles de argentinos que dependen del comercio con Brasil.
Milei convirtió la confrontación en una marca de identidad. El problema comienza cuando la factura de esa confrontación deja de pagarla el Presidente y empieza a pagarla la Argentina. Un país no se gobierna acumulando enemigos: se gobierna defendiendo sus intereses. Y cuando esos intereses están en juego, la soberanía nacional no debería tener precio.
