El exdiputado recuperó la libertad después de declarar, aunque seguirá imputado mientras se investiga un grave episodio ocurrido con Candela Arizaga. La Justicia le impuso una restricción de acercamiento de 300 metros y la prohibición de mantener contacto con la joven. En una Argentina atravesada por una profunda emergencia social, el caso vuelve a poner sobre la mesa la violencia de género, los consumos problemáticos y el rol de un Estado que no puede mirar para otro lado.
La madrugada de Belgrano terminó convertida en un verdadero escándalo. Facundo Moyano quedó libre pero continuará imputado por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género, mientras la Justicia intenta reconstruir qué ocurrió dentro de su departamento antes de que Candela Arizaga apareciera en plena avenida del Libertador semidesnuda, descalza y en un evidente estado de alteración.
La liberación del exdiputado no significa que la causa esté cerrada ni mucho menos que haya sido sobreseído. Mientras avanza el expediente, Moyano deberá mantenerse a más de 300 metros de Arizaga, no podrá comunicarse con ella durante el proceso penal, tendrá que fijar domicilio y deberá presentarse cada vez que sea citado por la Fiscalía o el Juzgado.
UNA MADRUGADA QUE TERMINÓ CON LA POLICÍA, EL SAME Y UNA INVESTIGACIÓN PENAL
Todo comenzó durante la madrugada del martes, cuando llamados al 911 alertaron sobre una joven que circulaba por la zona de avenida del Libertador en condiciones que llamaron la atención de vecinos y testigos. Las cámaras de seguridad registraron parte de la secuencia y también mostraron a Moyano desplazándose detrás de ella.
La situación terminó en el cruce de Virrey Vértiz y Sucre, donde intervino personal policial. Ambos fueron posteriormente trasladados, mientras Arizaga recibió atención médica en el Hospital Pirovano y Moyano quedó detenido hasta ser llevado ante la Fiscalía.
Según lo incorporado hasta el momento a la causa, Arizaga manifestó posteriormente que Moyano “no le pegó” y atribuyó el episodio al consumo de sustancias. La revisión médico-legal constató una lesión en una rodilla que, de acuerdo con la información conocida hasta ahora, sería compatible con una caída ocurrida en la vía pública. Estos elementos son centrales porque la investigación permanece abierta y todavía debe determinarse judicialmente qué sucedió realmente dentro del departamento.
Precisamente por eso, cualquier condena anticipada sería irresponsable. Pero intentar minimizar lo ocurrido también lo sería. Una mujer apareció de madrugada en la calle, descalza y semidesnuda, hubo llamados de vecinos al 911, intervino la Policía, se produjo una detención y ahora existe un expediente penal que debe esclarecer una secuencia suficientemente seria como para haber movilizado a fiscales, jueces, médicos y fuerzas de seguridad.
ALLANAMIENTO, CELULARES SECUESTRADOS Y MÁS PRUEBAS POR ANALIZAR
La investigación quedó bajo la órbita del fiscal Julián Pistone, de la Unidad de Flagrancia Norte, mientras interviene el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº4. Como parte de las primeras medidas, la Justicia autorizó el allanamiento del departamento donde habría comenzado el episodio.
Durante ese procedimiento fueron secuestrados dos teléfonos celulares y se encontró una jeringa. Los reactivos realizados sobre los elementos examinados no arrojaron resultado positivo para estupefacientes, de acuerdo con la información conocida hasta ahora.
Las cámaras de seguridad, los testimonios de quienes presenciaron distintos momentos de la madrugada y el contenido que eventualmente pueda obtenerse de los dispositivos secuestrados podrían convertirse ahora en piezas fundamentales para reconstruir qué pasó durante las horas anteriores a la intervención policial.
Después de declarar durante aproximadamente una hora ante las autoridades, Moyano recuperó la libertad. Al abandonar la sede judicial sostuvo que “está todo aclarado”, aunque procesalmente la investigación continúa y todavía quedan medidas de prueba pendientes.
SER PERONISTA NO SIGNIFICA TAPAR A NADIE
Hay además una discusión que el peronismo no debería esquivar. La Justicia Social no puede convertirse en una consigna que se utiliza solamente cuando conviene. Ante una investigación por un posible episodio de violencia de género no existen apellidos, cargos, sindicatos ni pertenencias políticas que deban garantizar impunidad o silencio.
El peronismo doctrinario nació poniendo en el centro la dignidad humana y la protección de quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Por eso, defender garantías constitucionales para una persona investigada y exigir al mismo tiempo que se esclarezca hasta el último detalle de un episodio grave no son posiciones contradictorias. Son exactamente lo que debería hacer una sociedad seria.
Moyano tiene derecho a defenderse y debe conservar su presunción de inocencia. Arizaga también tiene derecho a que se determine sin presiones qué ocurrió aquella madrugada. La Justicia, por su parte, tiene la obligación de investigar sin mirar apellidos.
MIENTRAS LA CASA ROSADA DA LA BATALLA CULTURAL, LA VIOLENCIA EXIGE UN ESTADO PRESENTE
El episodio aparece además en un momento especialmente delicado para las políticas nacionales relacionadas con la violencia de género. En junio, una comisión de Diputados emitió dictamen de mayoría para avanzar con una declaración de emergencia nacional por violencia de género durante dos años. Durante aquel debate, legisladores opositores denunciaron fuertes reducciones presupuestarias en programas de asistencia y prevención bajo la administración de Javier Milei.
Ese contexto transforma la discusión en algo mucho más grande que un apellido conocido. La Argentina necesita menos guerra cultural y más capacidad concreta para prevenir, asistir, contener e investigar. Cuando una situación potencialmente peligrosa explota durante la madrugada, la respuesta estatal no puede depender de la billetera, la fama, las conexiones políticas ni el barrio donde ocurra.
La administración libertaria convirtió buena parte de las políticas de género en otro campo de su enfrentamiento ideológico. Sin embargo, detrás de esas discusiones existen situaciones reales, familias reales y personas que necesitan respuestas institucionales. Recortar el debate a una batalla entre feminismo y antifeminismo puede servir para juntar aplausos en las redes; construir mecanismos eficaces de prevención y asistencia exige bastante más que un discurso.
El caso Moyano todavía no tiene sentencia y será la Justicia la que deberá establecer responsabilidades. Facundo Moyano quedó libre pero continúa imputado, tiene prohibido acercarse a Candela Arizaga y enfrentará una investigación que recién comienza. En tiempos donde todo parece transformarse en una pelea política instantánea, hay algo que debería estar por encima de cualquier camiseta: conocer la verdad, proteger a quien lo necesite y garantizar que nadie tenga privilegios frente a la ley.
