La universidad pública vuelve a quedar atrapada en el ajuste nacional. Docentes y no docentes realizan este miércoles un paro para reclamar salarios, fondos para el funcionamiento de las facultades, becas y recursos para hospitales universitarios. Mientras el Gobierno asegura que cumplió, el conflicto sigue creciendo y las aulas vuelven a pagar el costo.
La universidad pública argentina vuelve a encender todas las alarmas. Este miércoles 12 de agosto, docentes y trabajadores no docentes realizan una nueva medida de fuerza en medio de un conflicto que ya dejó de ser solamente salarial y pasó a discutir algo mucho más profundo: cuánto está dispuesto a invertir el Estado nacional para sostener la educación superior pública.
En distintas facultades el impacto se siente desde temprano. La Facultad de Ingeniería de la UBA, por ejemplo, informó el cierre de sus tres sedes durante toda la jornada debido al cese de actividades convocado para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
Detrás de las puertas cerradas hay un problema que no se resuelve con comunicados ni discursos. Hay docentes que reclaman una recomposición de sus ingresos, investigadores que necesitan recursos para continuar trabajando, estudiantes que dependen de becas y hospitales universitarios que requieren fondos para atender todos los días a miles de argentinos.
EL AJUSTE EN EDUCACIÓN YA SE SIENTE EN LAS AULAS
Desde el Gobierno nacional sostienen que las obligaciones presupuestarias fueron atendidas y rechazan las acusaciones de incumplimiento. Sin embargo, los gremios universitarios plantean otra realidad: aseguran que continúan pendientes actualizaciones salariales y partidas que consideran indispensables para garantizar el funcionamiento normal del sistema.
Ahí está el corazón del conflicto.
Porque una universidad no funciona solamente abriendo una puerta y prendiendo las luces. Necesita profesores con salarios dignos, personal no docente, laboratorios, insumos, mantenimiento, investigación, becas y hospitales funcionando. Cuando cualquiera de esas piezas empieza a tambalear, el problema termina llegando al aula.
Además, la discusión ya pasó por los tribunales. La propia Universidad de Buenos Aires informó en junio que el Poder Ejecutivo debía cumplir con los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario, vinculados con la actualización salarial de trabajadores universitarios y la recomposición de programas de becas estudiantiles.
Por eso, reducir la protesta a una simple pelea sindical resulta insuficiente. Lo que está en discusión es el modelo de universidad pública que tendrá la Argentina en los próximos años.
HOSPITALES UNIVERSITARIOS: EL AJUSTE TAMBIÉN PUEDE LLEGAR A LA SALUD
Uno de los puntos más delicados del reclamo está en los hospitales universitarios.
No se trata de edificios alejados de la vida cotidiana. Son centros que atienden pacientes, forman profesionales y reciben casos de alta complejidad. Cuando faltan recursos allí, el problema deja de ser exclusivamente universitario y se convierte también en un problema sanitario.
Los gremios sostienen que las partidas recibidas no alcanzan para cubrir las necesidades del sistema y reclaman transferencias pendientes. El Gobierno, en cambio, afirma que realizó desembolsos y que viene cumpliendo con los compromisos asumidos.
Esa discusión contable tiene consecuencias demasiado concretas como para quedarse encerrada en una planilla de Excel: detrás de cada presupuesto hay médicos, docentes, investigadores, estudiantes y pacientes.
EL GOBIERNO HABLA DE POLÍTICA, LOS DOCENTES HABLAN DE SALARIOS
Desde el Ministerio de Capital Humano cuestionaron la medida de fuerza y sostienen que el paro tiene un componente político. También aseguran que no existe incumplimiento por parte del Estado nacional.
Los trabajadores universitarios rechazan esa interpretación.
El reclamo sindical plantea que todavía existe una distancia importante entre los compromisos asumidos y lo efectivamente percibido en los salarios. A eso se suman los fondos destinados a universidades, programas estudiantiles y hospitales.
Mientras ambas partes discuten quién tiene razón, hay algo que resulta imposible esconder: el conflicto continúa abierto.
Si todo estuviera verdaderamente solucionado, difícilmente existirían facultades cerradas, docentes de paro y nuevas movilizaciones.
LA UNIVERSIDAD PÚBLICA NO PUEDE SER LA VARIABLE DE AJUSTE
La Argentina construyó durante décadas un sistema universitario público que permitió que hijos de trabajadores llegaran a lugares que para generaciones anteriores parecían imposibles.
Ese ascenso social no nació de la casualidad.
Fue producto de una idea profundamente argentina: que estudiar no puede convertirse en un privilegio reservado únicamente para quien tiene dinero.
Por eso, cuando el presupuesto universitario queda bajo presión, la discusión excede ampliamente a rectores, profesores o sindicatos. También involucra al pibe del conurbano que viaja dos horas para cursar, a la familia del interior que hace un esfuerzo enorme para sostener a un estudiante y al trabajador que intenta terminar una carrera después de cumplir ocho horas en su empleo.
La educación pública es una herramienta de movilidad social. Debilitarla significa cerrar oportunidades precisamente para quienes menos tienen.
OTRA VEZ LA CALLE COMO ÚLTIMO RECURSO
Durante este miércoles también están previstas actividades públicas en defensa de la ciencia y la educación. Exactas UBA anunció para las 16 una acción federal bajo la consigna de defensa de la ciencia y la educación argentina.
La imagen vuelve a repetirse: trabajadores reclamando, estudiantes preocupados y una comunidad universitaria que advierte que los recursos no alcanzan.
El Gobierno podrá discutir números, partidas y porcentajes. Los gremios podrán profundizar sus medidas de fuerza. Sin embargo, hay una realidad que no admite demasiada ingeniería discursiva: cuando un país empieza a discutir cuánto puede gastar en enseñar, investigar y curar, la alarma social ya está encendida.
La universidad pública no debería transformarse en otra víctima del ajuste.
Porque cuando se apaga un aula, no pierde solamente un profesor.
Pierde la Argentina.
