El impuesto a los combustibles pasó de representar el 8,9% al 19,25% del precio de la nafta súper. Mientras los argentinos dejan cada vez más plata en el surtidor, los fondos destinados a las rutas muestran una ejecución muy por debajo de lo recaudado.
El impuesto a los combustibles se convirtió en otro golpe directo al bolsillo durante el gobierno de Javier Milei. Mientras llenar el tanque se vuelve cada vez más pesado para trabajadores, jubilados, comerciantes y familias argentinas, la carga impositiva incluida dentro de cada litro de nafta prácticamente duplicó su participación en el precio final.
En noviembre de 2023, el Impuesto a los Combustibles Líquidos representaba el 8,9% del valor de la nafta súper. Para julio de 2026, esa incidencia había trepado al 19,25%. Traducido a plata concreta, el monto del impuesto incluido en cada litro pasó de aproximadamente $116 a $400.
El dato expone una contradicción difícil de esconder detrás del discurso oficial. El Gobierno habla permanentemente de bajar impuestos, liberar la economía y aliviar al sector privado. Sin embargo, cuando un argentino llega al surtidor, descubre que una porción cada vez mayor de lo que paga corresponde justamente a impuestos.
EL SURTIDOR NO PERDONA: EL IMPUESTO VOLÓ MUCHO MÁS QUE LA INFLACIÓN
Según un informe del Instituto Argentina Grande, el monto del impuesto aumentó 1.265% entre noviembre de 2023 y junio de 2026, mientras que la inflación acumulada durante ese mismo período fue cercana al 320%.
La diferencia es enorme. El impuesto avanzó a un ritmo que prácticamente cuadruplicó la inflación del período.
Desde el Gobierno pueden argumentar que existía un atraso previo en la actualización del tributo. Sin embargo, para el ciudadano que tiene que ir a trabajar, llevar a sus hijos a la escuela, trasladar mercadería o simplemente utilizar el auto para vivir, la explicación técnica no cambia una realidad mucho más sencilla: cada vez deja más plata en el surtidor.
Además, el combustible no golpea solamente al automovilista. Cuando aumenta la nafta o el gasoil, el impacto se traslada al transporte, la producción, la logística y finalmente a los precios de numerosos productos. Por eso, cualquier aumento sostenido sobre los combustibles termina sintiéndose mucho más allá de una estación de servicio.
SE RECAUDA MÁS, PERO LAS RUTAS RECIBEN MUCHO MENOS
La polémica se vuelve todavía más fuerte cuando se observa qué ocurre con el dinero.
Parte de lo recaudado mediante el impuesto a los combustibles tiene destinos específicos vinculados con infraestructura y transporte. Entre ellos aparece el financiamiento del sistema vial nacional.
No obstante, los números de ejecución plantean un interrogante elemental: si el argentino paga cada vez más impuestos cuando carga combustible, ¿por qué esa mayor recaudación no se refleja proporcionalmente en las rutas?
El informe señala que durante 2025 la recaudación real de este impuesto fue un 91% superior a la de 2023. Al mismo tiempo, el gasto de la Dirección Nacional de Vialidad cayó fuertemente.
Comparado con 2023, el gasto del organismo habría registrado una reducción real del 71% durante 2025. Lejos de revertirse, la tendencia continuó durante la primera mitad de 2026, cuando el gasto devengado volvió a caer frente al mismo período del año anterior.
El ajuste también se sintió con fuerza en las provincias. Buenos Aires aparece entre las jurisdicciones más perjudicadas, con una caída real cercana al 85% en los recursos destinados a obras viales durante 2025 respecto de 2023.
EL ARGENTINO PAGA, PERO LA OBRA NO APARECE
El dato más explosivo surge al comparar lo recaudado con lo efectivamente utilizado.
De acuerdo con el estudio, la Dirección Nacional de Vialidad habría gastado solamente el equivalente al 33% del monto del ICL que le correspondía.
Entre enero de 2024 y mayo de 2026, el fideicomiso relacionado con estos recursos recibió alrededor de $1,503 billones, mientras que aproximadamente $394.406 millones fueron destinados a obras viales.
Eso implica que cerca del 73,8% de esos recursos no terminó ejecutándose en obras de infraestructura vial durante ese período.
El resto permaneció administrado mediante instrumentos financieros, títulos públicos, plazos fijos y disponibilidades en cuentas. Mientras tanto, los argentinos siguieron pagando el impuesto cada vez que cargaron un litro de combustible.
El contraste es brutal: el Estado cobra hoy, pero las rutas pueden esperar.
Según los cálculos presentados en el reporte, una ejecución completa de los recursos provenientes del impuesto habría permitido disponer de aproximadamente $1,35 billones adicionales, medidos a precios de junio de 2026.
Con ese dinero podría haberse financiado el mantenimiento anual de alrededor de 9.148 kilómetros de rutas nacionales, una extensión equivalente a casi una cuarta parte de toda la red vial nacional.
AJUSTE PARA LAS RUTAS, IMPUESTOS PARA EL CIUDADANO
El Gobierno sostiene que busca modificar el modelo de infraestructura y avanzar hacia una mayor participación de inversiones privadas. También promueve acuerdos para transferir a distintas provincias la administración de rutas nacionales.
Pero mientras ese nuevo esquema intenta ponerse en marcha, hay una realidad que ocurre todos los días y no admite relato: el ciudadano continúa pagando el impuesto.
Ahí aparece el corazón de la discusión.
Si las rutas deben ser financiadas cada vez más mediante capital privado, el Gobierno tendrá que explicar por qué el impuesto que históricamente contribuyó a sostener infraestructura vial no solamente continúa existiendo, sino que aumentó fuertemente su peso dentro del precio del combustible.
El problema ya no es solamente cuánto cuesta llenar el tanque. La pregunta es qué recibe el argentino a cambio.
Porque detrás de los porcentajes, los fideicomisos y las explicaciones económicas existe una escena demasiado cotidiana: una persona llega a una estación de servicio, mira el precio, calcula cuántos litros puede cargar y vuelve a sentir el ajuste directamente en el bolsillo.
Mientras tanto, la recaudación crece y la ejecución vial cae.
Con Milei, el impuesto dentro de la nafta pesa más. Las rutas reciben menos. Y, una vez más, la cuenta termina llegando al mismo lugar: al bolsillo del pueblo argentino.
